Veto a la ley de IA abre debate sobre territorialidad, sandboxes y competencias

El presidente José Raúl Mulino devolvió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley 588, que crea la gobernanza adaptativa de la inteligencia artificial en Panamá. El Ejecutivo presentó objeciones a diez artículos por inconveniencia y a uno por inexequibilidad, es decir, por considerar que contradice la Constitución. La iniciativa fue aprobada en tercer debate el 19 de agosto de 2026 y, mientras no se resuelva el veto, todavía no es ley de la República.

El proyecto busca proteger los derechos fundamentales, preservar la integridad en la toma de decisiones y promover una innovación responsable. Según el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega Barría, la norma busca un marco moderno y flexible que equilibre el desarrollo de la IA con la protección de las personas.

Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 15, que crea un régimen de experimentación regulatoria. Ese artículo permite flexibilizar temporalmente normas administrativas, técnicas o procedimentales, pero el Ejecutivo considera que no define con precisión qué normas pueden flexibilizarse. También advierte que, si la facultad alcanzara obligaciones fijadas directamente por ley, un mecanismo administrativo podría dejarlas sin efecto temporalmente sin una habilitación legislativa suficiente.

Otro cuestionamiento es el alcance territorial del artículo 2. Para el Ejecutivo, no queda suficientemente claro qué legislación aplica a sistemas operados desde el extranjero que produzcan efectos en Panamá, sobre todo cuando usen obras protegidas por derechos de autor. Además, los artículos 6 y 7 otorgan facultades a la Senacyt que, según el veto, podrían afectar materias de normalización técnica, evaluación de la conformidad y certificación reguladas por leyes especiales.

El diputado Jorge Bloise, proponente del proyecto, considera que el veto es parcial y lo toma como una oportunidad para mejorar el texto. Acepta que las instituciones necesitan tiempo, por lo que propone un año de adecuación antes de que las obligaciones sean exigibles, y precisar que la entidad sectorial que regula una actividad es la que autoriza las pruebas. Sostiene que el proyecto ya limita la flexibilización, exige identificar cada norma a probar y prohíbe desplazar la protección de datos personales. Sobre el territorio, afirma que la ley ya cubre sistemas que afecten derechos en Panamá, aunque se trabaja en una modificación que la haga más explícita.

El proyecto también se ubica dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, conocida como IA 2036, aprobada por el Consejo de Gabinete en agosto mediante la Resolución No. 89-26. La estrategia plantea convertir a Panamá en un hub confiable de innovación en IA para América Latina, con una estructura de gobernanza de dos niveles. Bloise explica que la estrategia es una política pública y que el proyecto le otorga rango de ley, algo necesario para que los espacios de prueba tengan una base jurídica sólida.

El especialista Christian Corredoira, director de la Cámara Panameña de Tecnología, coincide en que el país necesita reglas, pero advierte que falta articulación institucional entre la nueva comisión propuesta y las estructuras ya creadas por el Decreto Ejecutivo 36. Para él, el debate central es cómo diseñar normas jurídicamente sólidas y técnicamente aplicables.