Unachi despide a 50 administrativos eventuales mientras crece el déficit de $30 millones

La proporción de administrativos permanentes en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) pasó del 60 % al 90 % tras otorgarse la permanencia laboral a cerca de 300 funcionarios durante las gestiones de Etelvina Medianero de Bonagas y de su sucesor, Pedro González. De los 1,000 administrativos que tenía la institución, 600 eran permanentes y 400 eventuales. Hoy nueve de cada diez cuentan con estabilidad, según confirmó el rector Absel Navarro.

El mecanismo se apoya en leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. En 2022, la Ley 292 del 1 de abril reformó la ley orgánica de la universidad, permitió la reelección de la rectora y dispuso que los administrativos con dos o más años de servicio continuo adquirieran la permanencia. Según Navarro, ese proceso se concretó entre 2025 y 2026.

El crecimiento de la planilla viene de antes. En 2016, la Ley 6 modificó el artículo 90 de la Ley 4 de 2006 para flexibilizar los requisitos de permanencia de profesores e investigadores, que quedaron con cinco años de docencia como base. Críticos de la medida sostienen que, a diferencia de la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, donde la permanencia depende de concursos, en la Unachi se eliminó en la práctica esa competencia. Algunos profesores que ganaban entre $1,000 y $1,500 mensuales hace una década hoy reciben entre $5,000 y $7,000.

En medio de la crisis, Navarro anunció este miércoles 11 de noviembre la desvinculación de unos 50 funcionarios administrativos de distintas dependencias. Explicó que se trataba de personal contratado de forma eventual y no de docentes ni de administrativos permanentes. Advirtió que otros contratos están bajo evaluación y que podrían producirse nuevas salidas.

La universidad también solicitó un traslado de partida interinstitucional por unos $16 millones para cubrir las cinco quincenas que restan de 2026. La petición debe pasar primero por el Ejecutivo y luego por la Asamblea Nacional. Según el rector, el problema se originó en el recorte de 2025, cuando el presupuesto bajó de $106 millones en 2024 a $72 millones. Calcula un faltante cercano a $30 millones, alrededor de un tercio de lo que necesita para operar, y a ello se suma una deuda de $20 millones con la Caja de Seguro Social.

Navarro sostuvo que los funcionarios permanentes están amparados por leyes de carrera que impiden su desvinculación arbitraria, y que los aumentos se otorgan por etapas cada dos años a administrativos y de forma bienal a profesores. En cuanto a los docentes contratados por banco de datos, su continuidad depende de los grupos y de la oferta académica de cada semestre. La reacción del rector responde a señalamientos del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre las altas remuneraciones en la institución, cuya planilla de 2,000 funcionarios supera los $6 millones mensuales.