Panamá necesita gobernanza digital además de cables, advierte especialista

Panamá se ha consolidado en los últimos años como un centro regional de telecomunicaciones, con varios cables submarinos de fibra óptica que llegan a su territorio. Según una columna de opinión de una integrante de la Escuela de Gobernanza de Internet PANASIG, de Internet Society Panamá, esa ventaja no garantiza por sí sola un país digitalmente avanzado. La autora plantea que existe un riesgo de confundir la infraestructura con la gobernanza, es decir, con las reglas que definen quién usa las redes, cómo se protegen los derechos de las personas y qué prioridades guían al Estado.

La columna señala que otras economías ya discuten temas como la ciberseguridad, la privacidad y la regulación de la inteligencia artificial. En ese contexto, considera que Panamá todavía tiene pendientes. Menciona la Ley 81 de 2019 sobre Protección de Datos Personales como un avance importante, aunque sostiene que su aplicación debe inscribirse en una política pública más amplia, que reduzca la brecha digital y permita al país decidir cómo gestiona sus datos.

El texto reconoce el trabajo de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), que ha impulsado la digitalización de trámites, y del CSIRT Panamá, encargado de atender incidentes de seguridad informática. Sin embargo, la autora advierte que el debate nacional suele centrarse en la cobertura y la velocidad de navegación, indicadores que, según ella, dicen poco sobre las dificultades de las zonas rurales y de los adultos mayores para acceder a servicios digitales de forma segura.

La columna también recuerda el terremoto del 9 de octubre de 2026, que afectó a comunidades de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. A partir de ese hecho, la autora plantea si las poblaciones apartadas pueden comunicarse con los servicios de emergencia y recibir información oficial cuando lo necesitan. Propone que la respuesta sirva para orientar las inversiones en conectividad y la coordinación entre autoridades y operadores.

Entre las recomendaciones, el texto menciona ampliar el acceso a internet, incorporar la ciberseguridad a la estrategia de seguridad nacional, fortalecer a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) para vigilar el cumplimiento de la Ley 81 y educar a los usuarios sobre la protección de sus datos.