Familiares denuncian muertes por desnutrición en cárceles de Panamá y piden respuestas

Familiares de reclusos de varios penales de Panamá denuncian que algunos presos se están muriendo de hambre y que varios han llegado a los hospitales con desnutrición severa. Las organizaciones de derechos humanos que siguen el tema hablan de una “hambruna provocada”. La situación se repite de forma silenciosa en al menos tres centros: Nueva Esperanza, en Colón, y La Joya y La Joyita, en la capital.

El caso más reciente es el de Gabriel Alveo, de 32 años, que cumplía condena en Nueva Esperanza y murió el 15 de octubre. Según sus familiares, desde el 9 de octubre no recibía suficiente comida ni la atención médica que necesitaba. Funcionarios del penal anunciaron su traslado al hospital el martes 13, pero la salida se concretó el jueves 15. Según la familia, ingresó con desnutrición severa y sangrado intestinal, y falleció ese mismo día.

Las organizaciones tienen una lista de reclusos cuyas muertes vinculan con la desnutrición y la falta de atención médica. Además de Alveo, mencionan a Cecilio Semis Warner, Rogelio Burtón, Pedro Alberto Irbarner, Evangelino Soto, Rubén Acosta, José Salas Cáceres, Abraham Degracia, Rodolfo Pascacio y Mario Barnaby. Una veintena de organizaciones que se pronunciaron el miércoles 11 de noviembre afirman que los casos son al menos diez, y dicen que siguen recibiendo información sobre otros decesos. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían ofrecido una explicación pública.

Otro caso es el de Xavier Aurelio Skinner, de 44 años, que cumple ocho años por robo y lleva seis detenido en Nueva Esperanza. Su hermana, Yaremis De Freitas, cuenta que las autoridades del penal lo llevaron al hospital Manuel Amador Guerrero tras la presión de la familia, pero que lo devolvieron a la cárcel con suero y sin que se recuperara. Según ella, tiene desnutrición y deshidratación, ha perdido movilidad en una pierna y no puede caminar. También asegura que la comida que recibe es insuficiente y que ya han sacado varios muertos del penal.

De Freitas marchó el 5 de noviembre para exigir respuestas y, según su relato, después recibió una llamada con amenazas. Afirma que el director de Nueva Esperanza le dijo que no podía hacer nada si el hospital devolvía a su hermano al penal, y que un médico le indicó que la alimentación ya está a cargo de una empresa y que ese tema no le corresponde.

La empresa a la que se refiere es el Consorcio Alimentando Panamá, que suministra comida en las cárceles desde 2012 y atiende cerca del 80% de la población penitenciaria. En 13 años, el Ministerio de Gobierno le ha pagado más de $300 millones. En enero de este año, la ministra Dinoska Montalvo le adjudicó la alimentación de los penales de la capital por $209.6 millones, contrato que elevó el costo diario por recluso de $4.60 a $5.50. En Colón, el mismo consorcio obtuvo la mejor puntuación en una licitación de $33.6 millones.

La controversia gira en torno a la carne. El pliego exigía tres onzas de carne magra cocida por ración, unos 90 gramos, pero el consorcio ganador calculó sus porciones con 90 gramos de carne cruda. Su competidor en Colón, el Consorcio C&J Food Services Panamá, reclamó que la carne pierde peso al cocinarse. Según tablas del Ministerio de Salud citadas en ese reclamo, cada porción quedaría corta unos 33 gramos de pollo y 36 de res, lo que en seis años sumaría cientos de toneladas. La Dirección General de Contrataciones Públicas rechazó el reclamo el 13 de enero de 2026, al considerar que la revisión técnica correspondía a la comisión evaluadora, en la que participó una nutricionista del Ministerio de Gobierno.

En medio de esta crisis, Chanan Singh renunció el 11 de noviembre como director general del Sistema Penitenciario, tras cuatro meses en el cargo. Las organizaciones de derechos humanos exigían su salida. El Ministerio de Gobierno informó que la renuncia obedece a motivos personales y que Fabián Camargo lo reemplaza. Singh, por su parte, pidió que la Policía Nacional salga del sector C de La Joyita y no se refirió a la alimentación ni a las muertes denunciadas. La Defensoría del Pueblo recibió una queja por el caso de Alveo, pero tampoco se había pronunciado al cierre de esta edición.