Denuncian 10 muertes en cárceles por falta de comida y atención médica

Veinticinco organizaciones de derechos humanos denunciaron la muerte de al menos 10 personas privadas de libertad en varias cárceles del país durante los últimos dos meses. El señalamiento se conoció en un comunicado difundido el miércoles 11 de noviembre, en el que los grupos atribuyen los fallecimientos a una situación de hambre provocada por el Estado y a la falta de atención médica oportuna.

Las muertes se registraron en los centros penitenciarios Nueva Esperanza, en Colón, y La Joya y La Joyita, en Pacora. Según los firmantes, las autoridades todavía no han dado una respuesta de fondo a la situación.

Entre las exigencias, las organizaciones piden la separación inmediata del director general del Sistema Penitenciario y de los directores de los tres centros mencionados, mientras avanzan las investigaciones administrativas y penales. Al momento de escribir esta nota, se conoció la renuncia de Chanan Singh a la dirección general del Sistema Penitenciario, aunque no se han dado a conocer los motivos. También solicitan a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, que informe de manera inmediata la cifra oficial de fallecidos y que detalle las medidas urgentes para frenar lo que describen como una crisis humanitaria en los penales.

El pronunciamiento llega después de que las organizaciones Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Red de Derechos Humanos de Panamá pidieran a la Defensoría del Pueblo investigar de oficio la muerte de Gabriel Alveo, de 32 años. Alveo cumplía una condena de cuatro años en Nueva Esperanza y murió el 15 de octubre, horas después de ser ingresado a un hospital con desnutrición severa y sangrado intestinal. Le faltaban 10 meses para cumplir su pena.

De acuerdo con el comunicado, desde junio las autoridades impiden que los familiares lleven alimentos a los centros penitenciarios. Desde entonces, los internos dependen de las raciones que entrega el Estado, que las organizaciones consideran insuficientes. Los firmantes sostienen que restringir la comida a personas bajo custodia estatal es una violación grave del derecho a la vida y a la integridad física, y una forma de trato cruel e inhumano.

Las organizaciones recuerdan que Panamá ratificó la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y que, desde 2017, la Defensoría del Pueblo cumple la función del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. También evocan la muerte de cinco adolescentes en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, el 9 de enero de 2011, durante una protesta por falta de agua y comida, y citan la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Panamá en el caso Vélez Loor, en 2010. Según su criterio, la situación actual es todavía más grave y, si continúa, el país podría volver a ser señalado por violaciones de derechos humanos.

El comunicado concluye recordando que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la vida y la salud de toda persona bajo su custodia. La Prensa solicitó una versión al Ministerio de Gobierno, que aún no ha respondido.