Corte rechaza amparo de Ali Zaki Hage contra indagatoria por Alas Chiricanas

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Ali Zaki Hage Jalil, procesado por su presunta participación en el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas. La aeronave explotó el 19 de julio de 1994, poco después de despegar de Colón con destino a la ciudad de Panamá, y las 21 personas a bordo murieron.

El fallo, firmado por el magistrado Carlos Vásquez, recoge que la defensa pedía al Pleno revisar la orden de indagatoria que la fiscal Geomara Guerra emitió el 19 de diciembre de 2022. Para la Corte, ese pedido equivalía a convertir el amparo en una tercera instancia, algo que la figura no permite.

El abogado José Acevedo, defensor de Hage Jalil, sostuvo que, al emitirse la orden, ya habían pasado 28 años desde la explosión, por lo que la acción penal estaría prescrita. Añadió que a su cliente se le imputan delitos que no existían en la legislación cuando ocurrió el atentado.

El tribunal explicó que tanto el juzgado de primera instancia como el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales ya habían analizado esos argumentos. Por eso, el Pleno sostuvo que no podía volver sobre lo resuelto por ambas instancias.

La Corte también declaró extemporáneo el recurso. Según el fallo, la orden se dictó en diciembre de 2022, pero la defensa presentó el amparo el 17 de julio de 2026. El Pleno recordó que el amparo contra órdenes que vulneran derechos exige un daño grave e inminente que justifique revocarlas de inmediato. La jurisprudencia usa como referencia un plazo de tres meses, con excepciones, y el magistrado concluyó que la demanda no mostraba esa urgencia.

Hage Jalil fue localizado en la isla de Margarita, Venezuela, donde residía desde hacía años, y detenido el 6 de noviembre de 2025. El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, indicó que el FBI colaboró con las autoridades panameñas en la investigación. Venezuela autorizó su entrega, y llegó extraditado a Panamá el 20 de abril de 2026. El 27 de abril compareció ante la Fiscalía Superior de Descarga y se acogió a su derecho a no declarar.

El 2 de junio de 2026, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales declaró el proceso como causa compleja y otorgó al Ministerio Público un año adicional para concluir la investigación. El expediente se sigue contra tres personas por presuntos delitos de homicidio doloso y contra los medios de transporte y comunicación. La Sala Penal de la Corte confirmó esa calificación mediante resolución del 7 de agosto de 2026.