Presupuesto 2027 de Panamá: ¿habrá reforma tributaria o más fiscalización?

Con la Ley N.º 644, el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 quedó fijado en B/.35,111.75 millones. El plan proyecta un déficit del Sector Público No Financiero de 2.9% del PIB, dentro de los límites que establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Para que las cuentas cuadren, los ingresos tributarios tendrían que crecer en la misma proporción que la economía.

El punto débil, según el análisis, está en la recaudación. Los ingresos corrientes del Gobierno Central muestran un crecimiento lento, y para 2027 se estiman en B/.14,459.7 millones. De esa cifra, B/.8,720.0 millones corresponden a tributos: B/.4,907.8 millones provienen de impuestos directos y B/.3,812.2 millones de indirectos.

La comparación regional deja en evidencia la brecha. La recaudación tributaria de Panamá equivale al 11.3% del PIB, frente a un promedio de 21.7% en América Latina y de 34.1% en la OCDE. El texto considera que cerrar esa diferencia requeriría una reforma tributaria integral, pero señala que el Órgano Ejecutivo no ha dado señales de querer abrir ese debate.

La «Operación Pandora» desarticuló una red que manipulaba créditos fiscales, un caso que, según el análisis, evidencia la necesidad de contar con mejores herramientas de control. En ese marco, se propone acelerar la masificación de la factura electrónica, que permitiría declaraciones prellenadas, devoluciones más rápidas y un mejor control del uso de créditos fiscales.

En la economía digital, el análisis plantea aplicar el ITBMS a los servicios digitales prestados desde el exterior. Según el autor, esta medida podría generar al menos B/.100 millones al año. El texto menciona plataformas como Uber, Meta, Amazon, Microsoft y Netflix, y señala que países como Colombia y Costa Rica ya cuentan con modelos similares.

Por último, se destaca la fiscalización transfronteriza. Panamá cumple una década como miembro del Marco Inclusivo BEPS de la OCDE, y para 2027 se proyecta un aumento de las auditorías de precios de transferencia, con criterios de BEPS 2.0, y un mayor uso del intercambio internacional de información fiscal. En conclusión, el análisis anticipa que en 2027 no habrá reforma tributaria en la agenda política, y que la estrategia se centrará en más auditorías, mayor control de operaciones transfronterizas y combate a los delitos fiscales.