Cargos, planillas y salarios cuestionados en varias instituciones del Estado

Un recuento de situaciones en instituciones del Estado panameño reúne casos que, a primera vista, generan dudas entre la ciudadanía. Entre ellos figura una partida millonaria asignada a la vicepresidencia, pese a que el país no tiene una persona ocupando ese cargo.

En el ámbito universitario, el director de la imprenta de la Unachi percibe un salario de $4,500 y recibe además $800 en concepto de sobresueldo. Por otro lado, la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI) ratificó a su rector para el periodo 2026-2031, pese a tener una matrícula de 85 estudiantes, dos programas académicos y no contar con sede propia. Según el relato, la proporción es de 3 estudiantes por docente.

En la Unachi, el nuevo rector, Absel Navarro, gestiona traslados de partidas adicionales ante el Ministerio de Economía y Finanzas para pagar las quincenas de administrativos y docentes durante lo que resta del año. La fuente explica que leyes aprobadas en administraciones anteriores impiden reducir o modificar los salarios de las autoridades.

Otro caso involucra a la empresa Bagatrac. Su principal accionista, Alberto Jurado Rosales, confesó haber pagado coimas en el caso Blue Apple. Sin embargo, la compañía no ha sido inhabilitada y continúa participando en procesos de licitación pública con el Estado.

En el sector financiero, Arnold Salgado Galeano, exvicepresidente de finanzas del BAC, enfrenta cargos y una orden de detención preventiva por su presunta implicación en créditos fiscales fraudulentos en la Dirección General de Ingresos. Estos hechos habrían causado una lesión patrimonial al Estado de alrededor de $40 millones. El banco sostiene que actuó de buena fe y figura como colaborador de la investigación, y no como sujeto de la misma, a diferencia de otros involucrados.

Según cifras actualizadas de la Contraloría General de la República, la Asamblea Nacional tiene una planilla de 8,308 funcionarios. Esto representa un gasto de $158 millones al año, equivalente a $13.2 millones al mes, sin incluir el décimo tercer mes ni las cuotas obrero patronales. Recientemente, se trasladaron $17.1 millones asignados al Ministerio de Salud para financiar parte de esa planilla. Además, el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 contempla unos $5 millones para el pago de dietas por reuniones de juntas directivas de entidades estatales.

Finalmente, entre los cambios propuestos a las reformas electorales figura uno impulsado por varios diputados encabezados por Benicio Robinson. Este permitiría que una persona electa para dos cargos mantenga la titularidad de ambos durante el periodo constitucional, aunque ejerza solo uno a la vez.