Justicia, seguridad y libertades: los retos de América Latina según la CIDH

Contar con instituciones independientes, asegurar que la justicia actúe sin presiones y combatir el crimen organizado sin pasar por encima de los derechos de la población siguen siendo desafíos pendientes en buena parte de América Latina. Así lo planteó Stuardo Ralón Orellana, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien aseguró que la respuesta pasa por fortalecer las instituciones, dotarlas de recursos suficientes y diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la gente.

Ralón habló en una entrevista con La Prensa durante el periodo 197 de sesiones del organismo, que realizó audiencias públicas en Panamá del 26 al 30 de octubre, en la sede del Parlamento Centroamericano y del Caribe (Parlatino). Según detalló, las audiencias abarcaron 29 sesiones en las que se revisaron situaciones vinculadas al acceso a la justicia, las libertades fundamentales, la seguridad y los derechos de distintas poblaciones.

En materia institucional, el funcionario sostuvo que los organismos encargados de controlar al poder político deben actuar con independencia. Para ello mencionó principios como la selección de funcionarios por méritos y capacidades, la estabilidad en los cargos y la autonomía institucional. Esta autonomía, explicó, no se limita a tomar decisiones, sino que incluye presupuesto suficiente para cumplir con sus funciones.

Sobre la justicia, Ralón insistió en que las investigaciones deben desarrollarse sin interferencias y respetando el debido proceso. Toda persona investigada, indicó, debe contar con garantías para ejercer su defensa. También subrayó la necesidad de proteger a los testigos de delitos y a quienes denuncian abusos.

En seguridad ciudadana, afirmó que combatir el crimen organizado no puede significar debilitar las garantías fundamentales. Advirtió además que los Estados deben mantener un control efectivo de los centros penitenciarios, para que no sean utilizados por estructuras criminales, y que las cárceles deben permitir la rehabilitación y la reintegración de las personas privadas de libertad.

El presidente de la CIDH también abordó la protección de personas LGBTIQ+, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Para diseñar políticas efectivas en estos casos, identificó tres necesidades: información estadística, presupuestos adecuados y mecanismos de rendición de cuentas. Sin datos, explicó, resulta difícil conocer las condiciones de estas comunidades. Además, señaló que algunas políticas existen en el papel pero carecen de dinero, personal técnico o equipos, por lo que considera indispensable evaluarlas y auditarlas.

En cuanto a la libertad de expresión, Ralón indicó que corresponde a los Estados garantizar condiciones de seguridad para periodistas, comunicadores y ciudadanos que emiten opiniones críticas. Al referirse a Cuba, Nicaragua y Venezuela, a las que calificó como las tres dictaduras de la región, mencionó restricciones a la libertad de expresión, represión y situaciones que obligan a muchos de sus nacionales a salir de sus países. Advirtió que impedir que la ciudadanía se pronuncie sobre determinados temas puede cerrar espacios de participación y debilitar la democracia.