Sala Tercera ordena a la CSS pagar 12 nuevas indemnizaciones por dietilenglicol

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia emitió en la última semana de octubre doce fallos más que condenan al Estado panameño, por medio de la Caja de Seguro Social (CSS), a pagar indemnizaciones a personas afectadas por el dietilenglicol o a familiares de quienes murieron tras consumir jarabes elaborados en el extinto laboratorio estatal entre 2004 y 2006.

De las doce decisiones, una fija una indemnización de $150 mil y las once restantes de $25 mil. Los fallos, firmados por la magistrada María Cristina Chen Stanziola, fueron publicados mediante edictos en el tablero de la secretaría de la Sala Tercera y enviados a la CSS para que los notifique y comience su ejecución.

El caso de mayor monto corresponde a Olga Mackay Cervantes de Falcón, fallecida. La Corte condenó a la institución a pagar $150 mil por falta de seguridad en los medicamentos fabricados en el Laboratorio de Producción de Medicamentos, cuyo cierre se ordenó en 2006, poco después de que estallara la crisis. Además, la CSS deberá presentar disculpas públicas por escrito a los herederos.

Otros fallos se refieren a Margarita Hernández Fernández, Carolina Elvira Serracín y Antonio Torres Flores, todos fallecidos, con indemnizaciones de $25 mil y, en varios casos, la obligación de ofrecer disculpas a sus familias. Asimismo, la Sala emitió decisiones por afectaciones a la salud de otras ocho personas, entre ellas Gisela Teresa Díaz Natalio, Norma Elena Trinquete Batista y Ricardo Marshall Morrillo, también con pagos de $25 mil.

Con estos fallos, la Corte ya ha resuelto 75 demandas de un total de 472 que mantiene en proceso. Las demandas fueron presentadas por personas afectadas por medicinas contaminadas, una de las peores crisis de salud pública que ha enfrentado el país, que dejó alrededor de 1,500 afectados y unos 800 fallecidos.

En octubre, al cumplirse 20 años de la detección de los primeros casos de intoxicación, la CSS emitió un comunicado firmado por su director general, Dino Mon, el 23 de octubre, en el que pidió perdón por las vidas perdidas, la salud quebrantada y el sufrimiento causado a numerosos hogares. Todos los fallos emitidos hasta ahora ordenan a la entidad indemnizar a las víctimas y reconocer el mal funcionamiento del laboratorio.

Las demandas señalan al Estado por negligencia en la compra, elaboración y control de calidad de los medicamentos. Miembros del Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida, que agrupa a parte de las víctimas, sostienen que los montos no alcanzan para cubrir tratamientos, medicinas y cuidados que requieren algunos pacientes.