Fiscalía pedirá más tiempo para investigar el desfalco de 40 millones en la DGI
El Caso Pandora tiene 23 imputados y 17 detenidos provisionalmente por una red que manipulaba el sistema E-Tax 2.0 para cobrar créditos fiscales falsos.
La Fiscalía solicitará una extensión del plazo de investigación del denominado Caso Pandora, un expediente que hasta ahora suma 23 personas imputadas por delincuencia organizada, blanqueo de capitales, corrupción, peculado y falsificación de documentos. De ese grupo, 17 permanecen bajo detención provisional mientras avanzan las pesquisas.
El caso comenzó en la Fiscalía Anticorrupción, pero luego pasó a manos de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, después de que la investigación fue declarada causa compleja. Según los datos oficiales, las pesquisas se iniciaron el 2 de mayo de 2025, a raíz de una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público. En ella se alertaba sobre movimientos irregulares de funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI).
De acuerdo con las investigaciones, la red borraba de forma ilegal cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían pagado sus impuestos, manipulando el sistema informático E-Tax 2.0. Al eliminar esas cuentas, los montos quedaban registrados como pagos no aplicados. Luego se generaban créditos fiscales falsos, que eran transferidos a sociedades intermediarias para cobrar los fondos en una entidad bancaria. El resultado, según el expediente, fue un desfalco de aproximadamente 40 millones de dólares en perjuicio del Estado.
En una de las diligencias más recientes, las autoridades aprehendieron a Arnold Salgado Galeano, exvicepresidente de Finanzas y Contabilidad de BAC Panamá. Se le imputaron cargos y se le confirmó la detención provisional. Con él, el expediente acumula más de veinte implicados, entre funcionarios y exfuncionarios de la DGI, además de particulares.
El operativo central ocurrió el 8 de julio de este año, cuando se realizaron 23 allanamientos simultáneos en Panamá, Coclé, Panamá Oeste y Colón para desarticular la estructura.
La solicitud de más tiempo busca que los investigadores completen las diligencias en un caso de alta complejidad, con varios implicados y un monto que afecta directamente las finanzas públicas.
