Embarazo adolescente en la región refleja desigualdad, según datos de Naciones Unidas
En Panamá y otros países de la región, el acceso desigual a información y servicios sigue marcando quiénes quedan embarazadas.
En Portobelo, comunidad de la provincia de Colón, en la costa caribeña panameña, las adolescentes suelen recibir advertencias sobre un embarazo no planeado, pero pocas veces reciben explicaciones sobre cómo prevenirlo. Así lo expuso Jiseel Muñoz Chavarría, lideresa juvenil de esa localidad, quien señaló que el tema sigue siendo tabú en su entorno.
Un análisis del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) indica que, en América Latina y el Caribe, muchas adolescentes no reciben información, anticonceptivos ni servicios de salud sexual y reproductiva. Según ese mismo documento, dos de cada tres embarazos en adolescentes no son intencionales y, con frecuencia, terminan en matrimonios infantiles o uniones forzadas.
La región sí ha reducido la fecundidad adolescente. Entre las jóvenes de 15 a 19 años, la tasa bajó de unos 73 nacimientos por cada mil en 2010 a 50 en 2025, lo que representa una caída cercana al 30 %. Los avances, sin embargo, no son parejos entre países, y los promedios nacionales pueden esconder brechas mayores dentro de cada uno.
Las adolescentes de hogares de bajos ingresos, de zonas rurales o de comunidades indígenas y afrodescendientes tienen más riesgo de embarazarse antes de los 19 años. Además, enfrentan dificultades para llegar a centros de salud, que en muchos casos quedan lejos, y para acceder a servicios que no siempre consideran sus idiomas ni sus prácticas culturales. A ello se suman la falta de personal e insumos, el racismo y el silencio sobre la sexualidad en familias y escuelas.
El documento también señala que el 35 % de los embarazos adolescentes ocurre en el contexto de una unión temprana o forzada, y que el 45,4 % de las adolescentes que viven en esas uniones queda embarazada. Por ello, la organización plantea que la respuesta debe incluir servicios gratuitos, confidenciales y cercanos, educación integral de la sexualidad adaptada a cada edad y territorio, y mecanismos eficaces para denunciar la violencia sexual. Según la propuesta, prevenir el embarazo adolescente no se limita a entregar anticonceptivos, sino que exige condiciones en las familias, escuelas, servicios de salud y comunidades.