Costa Rica se suma al DEPA y reabre el debate sobre la economía digital en Panamá
El acuerdo, pensado para el comercio digital, ya tiene cinco miembros plenos. Panamá aún no forma parte y el debate sobre impuestos a las transacciones en línea sigue abierto.
Costa Rica se convirtió en el quinto miembro pleno del Acuerdo de Asociación de Economía Digital, conocido como DEPA por sus siglas en inglés. Se une a Singapur, Chile, Nueva Zelanda y Corea del Sur. El DEPA es un tratado internacional pionero que busca facilitar el comercio de servicios digitales y del conocimiento mediante reglas comunes.
El análisis que plantea la adhesión de Panamá parte de un hecho económico: el comercio que más crece en este siglo no pasa por puertos ni aduanas físicas, sino por redes digitales. Según el texto, Panamá exporta servicios modernos como desarrollo de software, servicios financieros fintech, producción audiovisual y diseño, pero enfrenta la tentación de gravar pronto las transacciones digitales antes de que la industria madure.
El argumento central es que el país debería sumarse al DEPA en lugar de fiscalizar con dureza las compras y ventas pequeñas en línea. Según el texto, el caso de Costa Rica es una señal relevante, pues casi la mitad de sus exportaciones de servicios ya son digitales. Para el autor, el acuerdo ofrece la base legal para escalar esas exportaciones hacia mercados de la cuenca del Pacífico.
La propuesta también destaca el efecto sobre el empleo. Un desarrollador, una consultora en ciberseguridad o una diseñadora gráfica necesitan principalmente una computadora, una conexión estable y una plataforma de pago confiable, a diferencia de la industria tradicional, que exige fuertes inversiones en terrenos, infraestructura y maquinaria. Según el texto, cuando el Estado impone trámites complejos o impuestos tempranos, el talento tiende a pasar a la informalidad o a trasladar sus operaciones a otras jurisdicciones.
En concreto, el DEPA permitiría reducir trabas al comercio digital de exportación mediante reglas claras sobre pagos en línea y aduanas digitales, ampliar el mercado para profesionales independientes y facilitar que las pequeñas empresas se integren a cadenas de valor globales. El texto sostiene que proteger la recaudación es válido, pero que la base fiscal del futuro dependerá del crecimiento de las exportaciones de servicios.
El planteamiento sostiene que Panamá ya cuenta con estabilidad monetaria, infraestructura de telecomunicaciones y una ubicación estratégica, y que le falta el componente regulatorio global. Por ahora, el texto presenta la adhesión como una decisión pendiente que definiría la posición del país en la economía digital de la región.
