El debate sobre funcionarios debe centrarse en el mérito, no en el salario

Un artículo de opinión sostiene que cuestionar a un funcionario solo por lo que gana es una mirada simplista sobre la función pública. El texto reconoce que los diputados tienen el deber de investigar, preguntar y fiscalizar, pero considera que la crítica debe apuntar a otros aspectos de la gestión.

El autor se declara en contra de los privilegios injustificados financiados con fondos del Estado. Entre los ejemplos menciona choferes, flotas de vehículos de alta gama, cuentas de celular pagadas por el Estado, residencias en el extranjero, viáticos excesivos, boletos en primera clase, vuelos en aviones privados y hoteles de lujo. Para el columnista, estos gastos convierten el servicio público en una fuente de beneficios personales.

Según el texto, el análisis de un funcionario debe centrarse en si tiene la preparación necesaria para el puesto, si llegó por mérito o por afinidad política y si obtiene los resultados que espera la ciudadanía. Añade que una mala gestión puede costar millones en ineficiencias, retrasos o corrupción, mientras que una administración competente puede generar ahorros y fortalecer la confianza.

La columna cuestiona que los diputados exijan austeridad a otros sin revisar sus propios beneficios. El autor afirma que no ha visto iniciativas para reducir salarios legislativos, renunciar voluntariamente a remuneraciones o destinar parte de ellas a becas y programas sociales. Pide que la austeridad se aplique de manera uniforme a todos los funcionarios, sean electos o nombrados.

Sobre los salarios, el texto sostiene que pagar poco a profesionales especializados hace que el Estado pierda talento frente al sector privado, los organismos internacionales o el extranjero. Aclara que garantizar condiciones de vida dignas es distinto de convertir el cargo en una vía de enriquecimiento. Para respaldar su planteamiento, cita a Max Weber, quien defendía una burocracia profesional seleccionada por capacidad, y a Michael Sandel, quien considera necesarios procedimientos de acceso percibidos como justos.

El autor propone una reforma del servicio público basada en concursos, oposiciones, criterios objetivos de selección, evaluación y transparencia. Advierte que convertir el debate legislativo en un ataque contra los salarios puede generar réditos políticos inmediatos, pero rara vez aporta soluciones. La meta, concluye, es profesionalizar el Estado y elevar la calidad de su servicio, no reducirla.