Electrificar comunidades rurales de difícil acceso, el reto de la nueva ley eléctrica
El Proyecto de Ley 705 obligaría a las distribuidoras a llevar luz a zonas rurales no rentables, pero su costo y mantenimiento siguen en discusión.
Un profesional del sector eléctrico que participó en 2022 en un estudio de electrificación rural recordó su experiencia en comunidades de difícil acceso del país, como Boca de Remedio, Wala, Ticantiquí, Playón Chico y Capandí. El trabajo evaluó sistemas solares en cinco comunidades y siete sitios, con una capacidad propuesta de unos 1.1 megavatios pico.
Para dimensionar la propuesta, el equipo tomó como referencia 915 viviendas y un consumo supuesto de 100 kilovatios hora por casa al mes, lo que arroja una demanda doméstica estimada de 91,500 kilovatios hora mensuales. Según el autor, cifra que no fue medida, sino una base para calcular las posibles soluciones.
El mismo profesional señaló que la falta de energía también limita otros servicios. En Kusapín, relató, una antena de telefonía celular dejó de funcionar por problemas de suministro eléctrico y de mantenimiento, lo que afecta el acceso a internet y a la educación a distancia.
La discusión se ubica en el Proyecto de Ley 705, que está en debate en la Asamblea Nacional. Según el texto aprobado en primer debate, las distribuidoras tendrían la obligación de electrificar áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas. Además, la propuesta permitiría reconocer las inversiones de estas empresas como activos para calcular la tarifa de distribución, lo que significa que parte de su costo podría recaerle a los usuarios.
Por eso, el autor considera que las inversiones deben revisarse con cuidado y que no siempre una línea eléctrica será la mejor opción. En algunos casos, dice, podrían funcionar mejor minirredes solares con baterías o sistemas individuales, siempre que se comparen costos y necesidades. También advierte que construir no basta, y que deben definirse quién operará los sistemas, cuánto costará mantenerlos y qué ocurrirá cuando falle una batería o un inversor, algo complejo en zonas donde llegar a un técnico puede tomar varias horas.
El profesional plantea además que no se debe prometer electricidad gratuita sin explicar cómo se pagará, y propone formar técnicos e ingenieros dentro de las propias comunidades para reducir la dependencia de personal que viaja desde lejos. Concluye que el proyecto debe exigir información sobre costos, número de familias beneficiadas y forma de medir la continuidad del servicio.
