Mulino sancionará presupuesto 2027 de B/.35,111.7 millones y Cedeño demandará artículo 370
La Asamblea aprobó el proyecto en tercer debate la semana pasada. El diputado Ernesto Cedeño cuestiona una disposición sobre contrataciones públicas y anunció una demanda de inconstitucionalidad.
El presidente José Raúl Mulino sancionará este lunes el Proyecto de Ley No. 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027. La cifra total asciende a B/.35,111.7 millones y fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional la semana pasada.
El proyecto, sin embargo, no está libre de cuestionamientos. El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, anunció que demandará por inconstitucional el artículo 370 una vez el mandatario lo sancione.
Según el documento, B/.12,839.7 millones se destinarán a inversiones, lo que equivale al 36.6% del total. Los gastos de funcionamiento sumarán B/.22,272 millones, es decir, el 63.4%. El presupuesto también incluye un ajuste de B/.186.83 millones avalado por el Órgano Ejecutivo, como parte de las recomendaciones previas de la Comisión de Presupuesto.
Cedeño explicó que votó en contra del artículo 370 porque, a su juicio, abre la puerta a posibles irregularidades en las contrataciones públicas. De acuerdo con el legislador, la disposición permite que numerosas instituciones, incluidos municipios y ministerios, recurran a mecanismos especiales de contratación cuando aleguen urgencia o prioridad en asuntos de interés público. Su principal preocupación es que esta flexibilidad facilite negocios entre empresas y funcionarios, con invitaciones a proveedores en las que, eventualmente, participe un solo interesado. Advirtió también que el mecanismo podría favorecer a empresas vinculadas con políticos, sobre todo en los gobiernos locales, y facilitar beneficios económicos indebidos.
El diputado indicó que presentará ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 370 tan pronto el presupuesto sea sancionado. Considera que la norma generaliza excepciones en materia de contratación y deja de lado el principio de licitación pública.
Además, cuestionó los recortes presupuestarios a la administración de justicia, en particular al Órgano Judicial y al Ministerio Público. Sostuvo que deben respetarse la Constitución y el Estado de derecho en la asignación de los recursos.
