Tras el sismo, la vivienda pone a prueba la confianza en la democracia
El acceso a una casa digna y segura se conecta con la caída del apoyo a la democracia en Panamá, en medio de la emergencia por el terremoto del 9 de octubre.
El sismo del 9 de octubre dejó al descubierto la fragilidad de cientos de hogares, sobre todo en el interior del país. Al 19 de octubre, Sinaproc había registrado al menos 9,124 viviendas con algún tipo de afectación. Para especialistas y analistas, la respuesta inmediata es indispensable, pero el reto de fondo es que las familias afectadas recuperen un techo seguro de forma duradera.
El problema no es exclusivo de Panamá. En España, Francia e Italia, las movilizaciones recientes reflejan la preocupación por el acceso a una vivienda digna. En Madrid, el caso de una mujer de 87 años que falleció días después de ser desalojada de la casa en la que vivió más de siete décadas se volvió símbolo de esa lucha. En España, un reportaje publicado en agosto señaló que solo el 31% de las personas entre 18 y 34 años vive de forma independiente y sin ayuda económica familiar.
En Panamá, el panorama también es complicado. Según el índice inmobiliario de Numbeo 2026, una familia necesitaría destinar 14.6 años de sus ingresos disponibles, sin gastar en otras necesidades, para comprar una vivienda. En Costa Rica el cálculo sería de 9.3 años y en Ecuador de 11.3.
La vivienda también tiene una dimensión política. El Latinobarómetro 2026 indicó que el apoyo a la democracia en Panamá bajó del 54% al 45%. Según la fuente, esa caída puede responder, entre otros factores, a la falta de resultados tangibles que la ciudadanía espera del sistema. Un estudio del CIEPS de 2023 ya advertía que las personas con menor bienestar socioeconómico se alejaban de la democracia.
El análisis plantea que la democracia no se agota en celebrar elecciones libres, sino que debe traducirse en mejores condiciones de vida. Sin embargo, aclara que no se trata de justificar el desencanto ni de defender salidas autoritarias, sino de entender que la confianza ciudadana se debilita cuando las instituciones no responden a necesidades básicas.
El Gobierno anunció recursos para la emergencia, mecanismos de financiamiento y trabajos de reconstrucción. La fuente sostiene que reparar las viviendas dañadas es necesario, pero no basta para resolver un problema estructural que existía antes del sismo. Por eso, propone que el debate sobre una eventual asamblea constituyente incluya el papel del Estado en la garantía del derecho a la vivienda digna.
