Sismo cerca del Canal enciende alarma sobre la fiscalización de obras en Panamá

Un sismo somero sacudió Panamá, lejos de la capital, y el Canal mantuvo sus operaciones con normalidad. El hecho fue registrado como una sacudida moderada, con una sola víctima fatal. A partir de ese evento, el ingeniero civil estructural panameño Julio Agrázal se pregunta qué habría ocurrido si un temblor de igual magnitud se hubiera originado en una falla más próxima al principal centro urbano del país.

Según el análisis, el país convive con fallas activas bajo su zona logística e institucional. La falla de Pedro Miguel corre en paralelo al Canal, entre las esclusas de Pedro Miguel y Miraflores, y podría producir un sismo a pocos kilómetros de la capital, donde vive cerca del 50 % de la población. El texto recuerda que en 1621 un terremoto vinculado a esa zona dañó gravemente lo que hoy es Panamá Viejo.

La ampliación del Canal fue diseñada con esos riesgos en mente. La cuenca cuenta con sismógrafos y acelerómetros, y la presa Borinquen podría absorber el desplazamiento esperado de la falla y seguir operando. Sin embargo, el autor advierte que la resiliencia depende de ciertos componentes y no del sistema completo. Indica que el reglamento exige resistir entre seis y siete veces la aceleración registrada en el sismo reciente, pero que esa exigencia no se aplica de forma uniforme a toda la infraestructura que depende del Canal.

El especialista explica que ningún código sismorresistente diseña contra el peor escenario posible, sino contra una probabilidad de excedencia definida. Para una edificación ordinaria, el estándar corresponde a un período de retorno de 475 años. Para infraestructura esencial, como hospitales, presas, subestaciones, plantas de agua y puentes, el umbral se acerca a 2,500 años. Según el texto, los diseños buscan evitar el colapso, no que las estructuras no sufran daños.

Entre los vacíos señalados, el autor menciona que la construcción informal en zonas rurales no consulta la normativa vigente, y que en Panamá la inspección durante la obra no es obligatoria. Los permisos los otorgan los municipios, y varios, sobre todo en el interior, no tienen ingenieros para supervisar. Además, las edificaciones anteriores a 1984 no fueron diseñadas contra un estándar sísmico y no se sabe cuántas han sido evaluadas. Como referencia, el texto recuerda que el terremoto de Turquía de 2023 dejó más de 59,000 muertos entre ese país y Siria, en una zona donde más de 75,000 edificios habían recibido amnistías de construcción.

El autor también cita estimaciones de Naciones Unidas, según las cuales cada dólar invertido en prevención sísmica puede ahorrar hasta quince en reconstrucción, y concluye que la región suele invertir más en construir que en mantener lo existente.