Planilla de la Asamblea llega a 8,003 empleados y reabre el debate
Según un reporte verificado con datos públicos, la cifra duplica la del inicio del gobierno. La demanda contra la Ley 429 sigue sin fallo de la Corte.
Un reporte publicado esta semana, elaborado con datos públicos, indica que la Asamblea Nacional tiene 8,003 empleados. La autora de la columna que sirve de base a esta nota sostiene que la cifra duplica la planilla que existía al inicio de la administración actual, con un costo superior a los trece millones de dólares mensuales.
La autora indica que, según la respuesta oficial, la cifra induciría a error al público. Sostiene que, sin importar cómo se clasifiquen los puestos, como permanentes, eventuales, transitorios o los que aparecen en planilla sin ejercer funciones, el total sigue siendo el mismo. Esta discusión se da en un contexto de cambios de partidos en el poder, según señala, sin que se modifique el crecimiento de la planilla legislativa.
En el centro del debate está la Ley 429, sancionada el 18 de abril de 2024, dos semanas antes de las elecciones. Según la fuente, esta norma otorgó permanencia a funcionarios de la Asamblea con solo dos años de servicio y eliminó el sistema de méritos que, en teoría, regía la contratación. Una demanda de inconstitucionalidad contra la ley sigue pendiente en el Órgano Judicial.
La fuente indica que el procurador coincidió con la demandante en que la ley contraviene la Constitución y la ley de carrera administrativa. Hasta el momento, la Corte no ha emitido fallo.
La columna también vincula el tema con otros casos. Menciona una demanda presentada por un allegado del presidente contra la periodista Sabrina Bacal, y otra interpuesta por una exoperadora política de la administración anterior contra el periodista Rolando Rodríguez por difundir información pública sobre sus procesos judiciales. Además, describe el caso de un ciudadano al que agentes policiales impidieron mostrar una pancarta.
La autora también critica que diputados de la bancada oficialista, según afirma, hayan dejado de fiscalizar al Ejecutivo. Señala que, en ese escenario, los controles institucionales se debilitan y que la ciudadanía y la prensa son los últimos mecanismos de vigilancia. Esta nota recoge las posturas de la fuente, que no han sido confirmadas por las instituciones citadas en el texto original.
