Reconstruir en el interior exige resolver primero la falta de títulos de tierra

El terremoto dejó al descubierto un problema que va más allá de las viviendas destruidas. En el interior del país, muchas familias viven en terrenos heredados de manera informal, trabajan parcelas por generaciones y sostienen acuerdos familiares que nunca se registraron. Según el análisis, la mayoría de las casas afectadas eran mejoras levantadas sobre terrenos nacionales sin título inscrito.

Para estas familias, perder la vivienda significa también descubrir que, ante la ley, no existe una finca sobre la cual el Estado pueda reconstruir. En las comunidades rurales pesan más la posesión, el trabajo en la tierra y el reconocimiento de los vecinos que los documentos. Cuando el sismo derrumbó las casas y, en muchos casos, también se perdieron los papeles, surge la pregunta de cómo acreditar la posesión para que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) pueda intervenir.

La fuente explica que el MIVIOT necesita una finca y un titular para abrir un expediente. Si no hay finca, no hay beneficiario. Además, levantar una casa sobre un terreno nacional sin adjudicar podría dejarla expuesta a reclamos en el futuro. Por eso, según el texto, varios programas de reconstrucción están detenidos por una cuestión legal y no solo administrativa.

Otro factor es la sucesión que nunca se formalizó. Cuando un propietario muere sin que se tramite la herencia, sus hijos pueden vivir en la tierra con derecho posesorio, pero ninguno tiene título. La duda aparece cuando se destruyen dos casas en ese escenario: a quién se debe titular, si al hijo que vivía allí o a todos los herederos.

El análisis sostiene que el país ya cuenta con herramientas legales. Menciona el Código Agrario, que reconoce la adjudicación por explotación prolongada; la Ley 80, que permite acreditar posesión sobre tierras nacionales tras cinco años; y la prescripción adquisitiva del Código Civil, que otorga dominio tras quince años de posesión. Lo que falta, señala, es aplicarlas de manera ordenada y urgente.

Entre las propuestas está un programa especial de acreditación de posesión y titulación en las zonas afectadas. Esto permitiría a las familias acceder a subsidios, bonos, financiamiento y asistencia técnica, además de evitar que las nuevas construcciones queden en un limbo legal. También se plantean brigadas de verificación, reconstrucción de expedientes, certificaciones comunitarias y mecanismos ágiles para acreditar derechos.

El texto concluye que reconstruir una casa es importante, pero reconstruir los títulos, el arraigo y la seguridad jurídica es indispensable para que las familias del interior recuperen su estabilidad.