Saltar al contenido
BULLA
POLÍTICA

Pruebas contra Gaby Carrizo se conocerán en audiencia de acusación el 13 de octubre

La diligencia se reprogramó tras una disputa sobre un apartamento en Costa del Este vinculado al caso por presunto enriquecimiento injustificado.

Mesa de Sucesos, 3:36 p.m. · 2 min de lectura
Pruebas contra Gaby Carrizo se conocerán en audiencia de acusación el 13 de octubre

La audiencia de acusación contra el exvicepresidente José Gabriel "Gaby" Carrizo quedó fijada para el 13 de octubre. Ese día se conocerán las pruebas que sostienen los cargos en su contra por presunto enriquecimiento injustificado.

La diligencia estaba prevista para el lunes 7 de septiembre, pero fue aplazada hasta que se defina la situación jurídica de un apartamento en el PH Marea 1, en Costa del Este, que se encuentra cautelado por orden de la fiscalía.

La fiscal anticorrupción Patricia Herrera ordenó la aprehensión de ese inmueble el 30 de junio pasado. Para ello se apoyó en el artículo 351 del Código Penal, que considera enriquecimiento injustificado no solo el aumento del patrimonio con dinero, cosas o bienes frente a los ingresos legítimos, sino también la cancelación de deudas o la extinción de obligaciones que afectaban a la persona.

Un juez de garantías suspendió después la medida cautelar sobre la propiedad, decisión que la fiscalía apeló. La audiencia de apelación está programada para el 23 de septiembre.

El apartamento se compró el 24 de mayo de 2019, unas tres semanas después de que Carrizo fuera elegido vicepresidente, cargo que asumió el 1 de julio de ese año. El inmueble está a nombre de Nano Properties, Corp., cuya representante legal es Julieta Spiegel de Carrizo, y el exvicepresidente es dueño del 100% de las acciones de la sociedad. El precio de compraventa fue de $1.44 millones.

La fiscalía sostiene que Carrizo usó dinero, cuyo origen no ha logrado justificar, para pagar obligaciones ligadas a la compra. Sus abogados rechazan esa versión. Según el Código Penal, si es hallado culpable y lo obtenido de forma injustificada supera los $100,000, enfrentaría de seis a 12 años de prisión. Por su parte, una auditoría forense de la Contraloría señala que, durante su gestión, obtuvo recursos por poco más de $1.9 millones que no ha podido justificar.

Compartir
Sucesos

Te puede interesar

Ver la sección →