Tribunal Electoral aclara su ausencia en la Asamblea y deja en duda la reforma

El Tribunal Electoral de Panamá publicó un comunicado el martes 20 de octubre para explicar por qué sus magistrados acudieron a la Asamblea Nacional el lunes anterior. Según la institución, no asistieron como gesto de cortesía, sino porque fueron convocados para tratar el inicio del segundo debate de la reforma al Código Electoral.

En el mismo texto, el tribunal precisó que la decisión de seguir con el proceso ahora o aplazarlo hasta enero de 2027 le corresponde exclusivamente a los diputados, según lo que dispone la Constitución. La aclaración es breve y de tono administrativo, pero deja claro que, por el momento, no hay una fecha definida para retomar la discusión.

El proyecto llegó al pleno con el respaldo de una comisión multisectorial. Sin embargo, durante el primer debate se añadieron cambios que generaron objeciones del propio Tribunal Electoral. Entre ellos figuran el aumento de firmas necesarias para fundar partidos políticos y la posibilidad de que una persona ejerza dos cargos de elección popular al mismo tiempo.

La falta de certeza sobre el calendario es el punto central del episodio. No está claro si el segundo debate se reanudará antes o después de enero de 2027, ni qué criterios pesarán en esa decisión. Cada paso, visto por separado, puede presentarse como un trámite legislativo común, pero en conjunto muestran que no es evidente quién controla el ritmo de una reforma que puede cambiar las reglas de la competencia política en el país.

El tema también se discute en foros internacionales. El jurista colombiano Humberto Sierra Porto, exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, planteó recientemente en un seminario si la democracia debe ser un derecho exigible ante los jueces o si solo se protege a través de los derechos políticos ya reconocidos. Según expuso, los cambios puntuales, aunque parezcan inofensivos, pueden acumularse y erosionar el Estado de derecho sin una ruptura visible.

La Corte Interamericana tiene pendiente una opinión consultiva solicitada por Guatemala, que se espera antes de que termine el año. Sierra Porto advirtió, además, que llevar estos asuntos a los tribunales puede generar otro problema, porque los jueces podrían actuar sin parámetros claros y preestablecidos. Por ahora, en Panamá no hay una vulneración de derechos llevada ante un tribunal, pero el comunicado del Tribunal Electoral deja en evidencia la necesidad de que las instituciones expliquen con claridad quién decide, cuándo y por qué.