Gobierno presenta plan de cierre ordenado para la mina de Donoso sin cifras clave
Los ministros de Economía y Ambiente defendieron la propuesta, y el presidente Mulino dijo que él tomará la decisión. Persisten dudas sobre la figura legal y los ingresos para el Estado.
El Gobierno presentó su propuesta para lo que llama un cierre ordenado de la mina de Donoso, un proceso que, según los críticos, en la práctica prolongaría la explotación por unos treinta años más. El ministro de Ambiente, Julio Moltó, sostuvo el planteamiento en un informe escrito en el que la palabra transparencia aparece catorce veces.
El principal obstáculo jurídico es doble. Un fallo de la Corte exige una nueva licitación, mientras que la ley de moratoria minera prohíbe nuevas concesiones. Informaciones publicadas desde el extranjero indican que la salida sería crear una empresa estatal en la que Cobre Panamá tendría un papel destacado. El Gobierno no ha confirmado esa vía.
El ministro de Economía, Felipe Chapman, planteó un escenario en el que el país tendría que pagar un costo si no acepta el cierre propuesto. Presentó cifras por habitante, por hogar y por año, y advirtió que podrían verse afectadas las jubilaciones, los subsidios y la inversión social. Sus críticos reclaman que esas cifras no vienen acompañadas de un cálculo claro.
En cambio, según el mismo señalamiento, el informe no incluye datos sobre cuánto cobre, oro, plata y molibdeno podría extraer la empresa, por cuánto tiempo, ni cuánto dinero recibiría el Estado. Tampoco se informó cuánto corresponde a la nación por el concentrado de cobre que sigue exportándose. Chapman no pudo dar esas respuestas ante la Comisión de Presupuesto. El Gobierno también habló de un costo cero, pero no detalló una estrategia para que la empresa retire los arbitrajes que mantiene en curso.
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó que él nunca habría permitido el daño ambiental y atribuyó la responsabilidad a gobiernos anteriores. Al referirse a la mina, dijo que el hueco ya está hecho. Para mitigar el impacto, mencionó la creación de un fideicomiso ambiental.
Por último, el presidente José Raúl Mulino, quien se encontraba de paso en el país, anunció que él y solo él decidirá sobre el futuro de la mina. En marzo del año pasado, el mandatario había dicho que autorizó la extracción de material y la puesta en marcha de la planta termoeléctrica. Con sus declaraciones, las dudas sobre el rol del gabinete, la Asamblea y la Corte en la decisión siguen abiertas.
