Reapertura de la mina para su cierre: ¿acatamiento del fallo de la Corte?
Una comisión interministerial propone evaluar una nueva relación con Cobre Panamá, mientras el fallo de noviembre de 2023 exige cumplir el procedimiento de selección de concesionarios.
La Corte Suprema de Justicia, en Pleno y por unanimidad, declaró inconstitucional la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, que aprobó el contrato de concesión minera entre el Estado y Minera Panamá, S. A. La decisión está contenida en una sentencia del 27 de noviembre de 2023.
El tribunal recordó que ya en 2017 había declarado inconstitucional un primer contrato de concesión para la misma explotación. Según el fallo, en aquella ocasión se omitió el procedimiento previsto en el Decreto de Gabinete 267 de 1969, que exige una convocatoria, requisitos para los proponentes, evaluación y selección de propuestas, y luego la celebración del contrato.
De acuerdo con la Corte, tras el fallo de 2017 el Ejecutivo debió tomar en cuenta ese señalamiento antes de negociar un nuevo contrato. Sin embargo, el tribunal sostuvo que el gobierno llevó a cabo negociaciones directas con la concesionaria, en lugar de convocar a un proceso de licitación, y que el nuevo contrato repitió los mismos vicios. El fallo también afirma que la ley aprobada no se ajustó al mecanismo legal para la formación de la concesión ni a la selección del concesionario.
Por otro lado, el informe de la Comisión Interministerial designada para estudiar la situación del sitio minero Cobre Panamá incluye, entre sus seis criterios, el acatamiento del fallo de la Corte Suprema. En sus recomendaciones, la comisión plantea evaluar la viabilidad de una nueva relación con Cobre Panamá/First Quantum Minerals Ltd. que permita resolver los procedimientos arbitrales pendientes y establecer las condiciones para una puesta en marcha que lleve a un cierre ordenado sin costo para la Nación.
El análisis que dio origen a esta nota cuestiona si esa propuesta es compatible con el fallo, ya que la reapertura para un cierre ordenado implicaría, según el mismo texto, una explotación que todavía no cuenta con el procedimiento legal exigido. La discusión se suma a la controversia y a las protestas que han marcado el debate sobre la mina en el país.
