Gobierno analiza informe sobre la mina de cobre y abre debate sobre su cierre
Un documento entregado al presidente Mulino propone estudiar una nueva relación con Cobre Panamá y un cierre progresivo, lo que reabre la discusión sobre el futuro de la explotación.
El Gobierno recibió un informe de la Comisión Interministerial que recomienda evaluar una nueva relación con Cobre Panamá y First Quantum Minerals, con el objetivo de lograr un cierre ordenado de la mina. El documento fue entregado al presidente José Raúl Mulino, quien afirmó que lo estudiará antes de tomar cualquier decisión y que no actuará con prisa.
El informe no plantea volver al contrato que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional. En cambio, propone explorar otra fórmula jurídica para la empresa, con una puesta en marcha que permita cerrar la operación de manera gradual mientras la mina mantenga actividad. Según el texto, la actividad del sitio debe financiar su propio cierre.
Los ministros han respaldado esa línea desde distintos ángulos. Julio Moltó, de Comercio e Industrias, señaló que mientras el país sigue discutiendo, una economía regional se ha debilitado y miles de panameños han resultado afectados. Por su parte, el jefe de la cartera económica, Felipe Chapman, sostuvo que la solución no debe costarle nada al Presupuesto General del Estado y que la mina debe pagar su cierre, o no habrá acuerdo.
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó que la mina de Donoso nunca debió construirse y que Panamá no estaba preparada para ese proyecto. Aun así, el informe en el que participa su ministerio contempla una puesta en marcha previa al cierre.
Uno de los puntos señalados es que el contrato vigente según la Ley 406 tenía una duración inicial de veinte años, prorrogables. El informe interministerial, en cambio, no fija una fecha concreta para el cierre de la mina, lo que deja abierta la pregunta sobre cuánto tiempo seguiría operando y bajo qué límites.
El contexto es el de las movilizaciones de 2023 contra la Ley 406, en las que participaron sindicatos, jóvenes, organizaciones ambientalistas y pueblos indígenas. Aquel proceso terminó con la declaración de inconstitucionalidad de la ley, pero no eliminó el modelo de minería metálica a cielo abierto, por lo que el debate sobre la mina continúa.
