Cambiar la guerra contra las drogas exige coraje político, según un análisis regional

América Latina vive un agotamiento social por la violencia, las extorsiones y el control que ejercen las organizaciones criminales en territorios donde el Estado está ausente. El autor de este análisis reconoce que la ciudadanía tiene derecho a reclamar seguridad, pero advierte que esa exigencia no debería traducirse en respaldo automático a recetas de mano dura.

El texto toma como ejemplos a El Salvador y Ecuador, países con realidades distintas, cuyas medidas basadas en más militares, cárceles y castigos resultan políticamente atractivas. Sin embargo, el autor plantea una pregunta de fondo: si estas medidas mejoran de verdad la vida de la gente y qué costos generan en el proceso.

En Brasil, el debate sobre bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años, o a 14 en ciertos delitos graves, es uno de los puntos que más preocupan al columnista. Él sostiene que los adolescentes deben responder por sus actos con garantías, pero cuestiona que la discusión se concentre en cuándo encarcelarlos y casi no se hable de qué inversión se hace en su educación, salud mental y empleo.

Para sustentar su postura, cita el Informe Mundial sobre las Drogas 2026, según el cual la fabricación potencial de cocaína se multiplicó por más de cuatro entre 2014 y 2024. Según el autor, después de más de medio siglo de guerra contra las drogas, los mercados ilícitos siguen creciendo, lo que obliga a revisar la estrategia.

El texto también recoge la idea de Alex Stevens, quien señala que las políticas de drogas responden tanto a la evidencia como a relaciones de poder, intereses institucionales y convicciones morales. El autor toma el término iatrogenia para describir los daños que producen las propias intervenciones del Estado, como el desplazamiento de mercados hacia comunidades vulnerables, cárceles que facilitan el reclutamiento y barreras laborales para quienes han sido criminalizados.

El análisis concluye que se necesitan políticas regenerativas, que no solo reduzcan daños sino que también reparen los existentes y transformen las condiciones que alimentan la violencia. Propone comunidades participando en las decisiones y laboratorios territoriales donde gobiernos, universidades y sectores económicos prueben soluciones que combinen seguridad, salud, derechos y desarrollo. Para el autor, la clave es que los líderes tengan la voluntad de asumir decisiones difíciles.