Gobierno recomienda negociar con First Quantum para cerrar la mina de Donoso

Un informe de recomendaciones ministeriales, de unas 30 páginas, plantea que el Estado inicie negociaciones con la minera First Quantum para cerrar la mina de cobre de Donoso. Según el documento, el objetivo es evaluar un nuevo acuerdo que permita poner fin a los arbitrajes internacionales que enfrenta el país, lograr un cierre ordenado sin costo para la Nación y dar prioridad a los intereses ambientales, sociales y económicos. El informe también menciona el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

El punto de partida es la ley de moratoria minera, aprobada en 2023. Esa norma declara una moratoria por plazo indefinido para otorgar concesiones de exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en todo el territorio nacional. Su fundamento es el principio precautorio y el deber del Estado de proteger la salud de la población y un ambiente sano. Hasta ahora, el documento no detalla cómo se armonizaría esa ley con una eventual reapertura de la mina.

Uno de los aspectos más llamativos del informe son los plazos. Las recomendaciones indican que la vigilancia del manejo de relaves no puede interrumpirse y que se extendería durante décadas. El cierre físico de los tajos se describe como una obra de ingeniería que tomaría años, mientras que el manejo del agua aparece como la obligación de mayor duración. En cuanto a la restauración, la cobertura de las áreas afectadas debería mantenerse y verificarse durante años. Tras el cierre, la vigilancia sería permanente.

Estos plazos contrastan con la idea de un cierre rápido. Las recomendaciones sugieren que el proceso de cierre sería largo y costoso, por lo que cualquier acuerdo con la empresa tendría que contemplar compromisos de largo plazo. El documento no precisa cifras de costos de saneamiento ni detalla qué parte correspondería a la empresa y qué parte al Estado.

El informe se presenta en un momento en que la mina sigue sin operar y el tema ocupa un lugar central en el debate nacional. Las recomendaciones deberán ser analizadas por las autoridades competentes antes de convertirse en decisiones concretas. Entre los puntos pendientes están el alcance de las negociaciones, el estatus de los arbitrajes y la forma en que se aplicaría el fallo de la Corte Suprema.

Por ahora, el Gobierno no ha anunciado una fecha para iniciar el proceso de negociación. Tampoco se ha precisado si la moratoria minera deberá ser modificada o derogada para llevar adelante alguna de las propuestas.