Proyecto 705 no garantiza una rebaja automática en la factura de luz

El Proyecto 705, que propone cambios a la ley eléctrica, busca mejorar el servicio, fortalecer a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y exigir que las empresas respondan por sus incumplimientos. Según el planteamiento, esto incluye atender reclamos, elevar la calidad del servicio y dar al regulador herramientas para actuar cuando la continuidad esté en riesgo.

Una de las dudas más frecuentes entre los usuarios es si la propuesta hará bajar la factura. El texto responde que aprobar una ley no significa que el recibo baje de forma inmediata, aunque reconoce que atender fallas y exigir responsabilidad a las empresas es necesario.

El artículo 19 propone reconocer en la tarifa las inversiones útiles y los costos verificables, y que las pérdidas por encima de los niveles permitidos sean asumidas por la distribuidora. La fuente sostiene que, si una inversión se traslada al usuario, debe poder comprobarse qué mejora produjo.

En materia de competencia, el análisis distingue entre la disputa por el control de una distribuidora y la competencia en las licitaciones para vender energía y potencia. Según el texto, mejores ofertas en las licitaciones pueden reducir el costo de compra y beneficiar la tarifa, mientras que el cambio de dueño de una distribuidora, por sí solo, no garantiza electricidad más barata.

Parte del ahorro también depende del consumo dentro del hogar. El recibo muestra el total consumido, pero no detalla cómo se reparte entre equipos como el aire acondicionado o la refrigeradora. Con esa información, según el planteamiento, las familias podrían decidir si conviene cambiar un equipo, darle mantenimiento o corregir hábitos, y luego verificar si hubo ahorro.

El proyecto también propone ampliar el servicio a comunidades sin electricidad y reconocer esas obras en el cálculo tarifario. La fuente advierte que hay que prever cómo se mantendrá ese servicio, con técnicos locales, repuestos y desplazamientos, costos que deben incluirse desde el inicio. El autor, que dice haber visitado nueve áreas rurales en Chiriquí, Kusapín, Bayano y San Blas, señala el mantenimiento como uno de los problemas que observó.

Según el texto, la responsabilidad se reparte. Las empresas deben prestar un servicio eficiente, el regulador debe vigilar los costos que se reconocen en la tarifa y los usuarios pueden administrar mejor su consumo. Esa combinación, de acuerdo con la fuente, podría ayudar a una familia a pagar menos, pero no existe una rebaja automática por la sola aprobación de la ley.