Piden a la Defensoría investigar la muerte de un recluso en Colón tras demora en su traslado

Dos organizaciones de derechos humanos, la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Red de Derechos Humanos de Panamá, pidieron a la Defensoría del Pueblo que investigue de oficio la muerte de Gabriel Alveo, de 32 años, quien cumplía una condena en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza, en Colón. Según su familia, Alveo ingresó a un hospital con desnutrición severa y murió horas después.

La solicitud consta en una nota fechada el 30 de octubre, dirigida a la defensora Angela Russo y registrada con el número Q1597-2026. Las organizaciones reconstruyen los hechos a partir de lo que contaron los familiares. Según ese relato, desde el 9 de octubre el interno no recibía alimentación suficiente ni la atención médica que necesitaba.

El martes 13 de octubre, funcionarios del penal llamaron al hospital para anunciar que lo trasladarían, pero la salida no se concretó sino hasta el jueves 15. Al ingresar, Alveo presentaba desnutrición severa y sangrado intestinal, y falleció ese mismo día. Su hermana preguntó por qué la demora y le respondieron que no había vehículo policial ni custodios disponibles.

Las organizaciones rechazan esa explicación. Sostienen que la falta de transporte o de personal de custodia no justifica retrasar una emergencia médica de una persona bajo custodia del Estado, y que esa omisión configura trato cruel, inhumano y degradante. Citan el artículo 28 de la Constitución, que prohíbe las medidas que dañen la integridad de los detenidos, así como las Reglas Nelson Mandela y los principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre personas privadas de libertad.

Alveo era de Villa del Carmen, en Guásimo de Donoso. Cumplía una condena de cuatro años y le faltaban unos diez meses para salir. Tenía dos hijos pequeños. La familia ya denunció el caso ante el Ministerio Público, pero las organizaciones consideran que ese proceso no impide que la Defensoría, en su papel de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, revise las responsabilidades administrativas en el penal. Ese mecanismo puede ingresar sin aviso y sin restricciones a cualquier centro penitenciario.

La carta también describe el hacinamiento del penal. Nueva Esperanza tiene capacidad para 1,322 personas y alberga a 2,565, casi el doble. Según las organizaciones, esa sobrepoblación acelera el deterioro de la salud de los internos y dificulta que lleguen a tiempo a un hospital.

Entre sus peticiones, piden determinar responsabilidades disciplinarias del personal médico, administrativo y de custodia sin esperar el fin del proceso penal, inspeccionar de urgencia el penal y pedir informes médicos y bitácoras de traslado para establecer quién retrasó la salida por más de 48 horas. También solicitan recomendaciones obligatorias a la Dirección General del Sistema Penitenciario sobre alimentación, atención médica y protocolos de traslado de urgencia en Colón.

Al cierre de esta edición, el director general del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, no había respondido a la consulta. Su versión se incorporará a esta nota cuando se pronuncie.