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POLÍTICA

Embajadores y superintendentes podrán viajar en clase ejecutiva desde 2027

La ampliación quedó en la ley de presupuesto de 2027, que exige vuelos de más de tres horas para acceder al beneficio con fondos públicos.

Mesa de Política, 12:00 a.m. · 4 min de lectura
Embajadores y superintendentes podrán viajar en clase ejecutiva desde 2027

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional amplió la lista de funcionarios autorizados a viajar en clase ejecutiva con recursos del Estado. La medida quedó incluida en el artículo 302 de la Ley 563 de 2026, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2027. El presidente José Raúl Mulino sancionó esta norma el 2 de noviembre, y fue publicada en la Gaceta Oficial 30647. El presupuesto del próximo año asciende a $35,111 millones.

Con el cambio, embajadores, gerentes de empresas públicas, superintendentes y administradores de instituciones descentralizadas podrán viajar en esa categoría a partir del 1 de enero de 2027. Hoy, la Ley 494 de 2025, que rige el presupuesto de 2026, reserva la clase ejecutiva para el presidente y el vicepresidente, ministros y viceministros, diputados, procuradores, magistrados de la Corte y del Tribunal Electoral, y el contralor y el subcontralor. El resto de los funcionarios debe viajar en clase económica, sin excepción.

Según los datos que se manejaron en la comisión, el beneficio alcanza a decenas de cargos. El país tiene al menos 56 jefes de misión diplomática, cuatro superintendentes y los titulares de algunas de las más de 50 empresas públicas e instituciones descentralizadas. Estos nuevos beneficiarios se ubican entre los funcionarios mejor pagados del Estado. Por ejemplo, el superintendente de Bancos recibe $10,000 al mes, de los cuales $6,500 son salario y $3,500 son gastos de representación.

Los embajadores tienen un esquema aparte. No usan la tabla de viáticos diarios de $400 a $600, sino los viáticos complementarios que fija el Ejecutivo por decreto a través de la Cancillería, por lo que su monto no aparece en la ley de presupuesto. El caso del embajador en Japón, Walter Cohen, hermano de la primera dama y cuñado del presidente, ilustra el punto. Recibe $1,500 de salario, $2,000 de gastos de representación y hasta $26,500 en viáticos contingentes. Además, como cónsul general en Tokio, cobra un incentivo promedio de $11,862 al mes. Estas cifras salieron a la luz cuando los diputados preguntaron al viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, cuánto recibía el diplomático.

La ampliación no figuraba en el proyecto que el Ministerio de Economía y Finanzas presentó a la Asamblea el 29 de julio, que mantenía la misma lista de 2026. El cambio se introdujo durante el primer debate en la comisión, y hasta ahora no se sabe quién o quiénes lo propusieron. La condición para todos los beneficiarios es que el vuelo dure más de tres horas. Solo quedan fuera de esa regla el presidente y el vicepresidente de la República, y los presidentes de la Asamblea y de la Corte.

Los viáticos diarios se mantienen igual. Son $600 en Europa, Asia, África u Oceanía; $500 en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil o Chile; y $400 en el resto de América Latina. El día de regreso no se paga. Cada viaje exige un informe de resultados en los 30 días posteriores al retorno, con copia a la Antai. Casi todas las instituciones deben pedir autorización al Ministerio de la Presidencia con 15 días de antelación, aunque los diputados, magistrados, la Contraloría, el Ministerio Público y la tripulación del avión presidencial, entre otros, están exentos.

Durante las vistas presupuestarias, el diputado Luis Duke, de la bancada Vamos, pidió al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, el costo de las giras del presidente Mulino. La entidad había planteado $777,675 para viáticos en el exterior en 2027, pero el MEF recomendó $461,713. La Asamblea aprobó el presupuesto en tercer debate el 30 de octubre, con 49 votos a favor y 18 en contra. La norma que más críticas recibió fue el artículo 370, que permite a varias entidades contratar hasta un millón de dólares sin aplicar la Ley de Contrataciones Públicas.

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