Cedeño demanda ante la Corte el presupuesto 2027 del Judicial y compras públicas

El diputado Ernesto Cedeño, abogado de profesión, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 563, que aprueba el presupuesto general del Estado para 2027. La presentó cuatro días después de que la norma se publicara en la Gaceta Oficial 30647. Cedeño pide al pleno que declare inconstitucionales siete artículos, a los que atribuye la violación de los artículos 2, 19, 214 y 266 de la Constitución.

Cuatro de los artículos impugnados fijan los presupuestos de la justicia. El 29 aprueba el del Órgano Judicial, el 30 el del Ministerio Público, el 31 el de la Procuraduría General de la Nación y el 32 el de la Procuraduría de la Administración. La demanda también cuestiona los artículos 7 y 8, que aprueban los gastos corrientes y de capital del Gobierno Central, pero solo en las partidas del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

Según el documento, el presupuesto redujo lo que pidieron estas instituciones. El Órgano Judicial solicitó $398.6 millones y recibió $352.3 millones, unos $46 millones menos. La Procuraduría General de la Nación calculó $242 millones y obtuvo $204.9 millones, sin contar el Instituto de Medicina Legal. A la Procuraduría de la Administración le asignaron $200 mil menos de lo que pidió.

El demandante sostiene que este recorte viola el artículo 214, que encarga a la Corte y al procurador general formular sus propios presupuestos y obliga al Ejecutivo a incluirlos en el proyecto. También considera que la medida contraría el artículo 2, que establece la separación de poderes.

El séptimo artículo cuestionado es el 370, sobre contrataciones públicas. Esa norma permite que el Metro de Panamá, el Idaan, Etesa, la Autoridad de Aseo, el Aeropuerto de Tocumen y los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno contraten servicios técnicos, repuestos y equipos sin aplicar la Ley de Contrataciones Públicas. La excepción aplica en casos fortuitos, urgentes o de interés público, y para compras de menos de un millón de dólares. Cedeño argumenta que el artículo 266 fija la licitación pública como regla, y que las excepciones deberían figurar en la ley de contrataciones y no en un presupuesto anual.

El diputado también cuestiona la frase que la ley usa para incluir a los tres ministerios, referida a asuntos de interés general de derechos poblacionales. Según él, esa redacción crea privilegios que el artículo 19 prohíbe. El presidente José Raúl Mulino sancionó la ley, que suma $35,111 millones, el pasado 2 de noviembre. Con la demanda, el pleno de la Corte deberá decidir si estas disposiciones se ajustan a la Constitución.