Senado de Paraguay inicia juicio político contra Peña por crisis de Ueno
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación contra el mandatario, que sigue en el cargo tras fracasar la sesión para votar su renuncia.
El Senado de Paraguay comenzó el jueves el juicio político contra el presidente Santiago Peña, después de horas de incertidumbre. La Cámara Alta se constituyó en tribunal, mientras los diputados asumen el papel de acusadores.
Antes, el Congreso no dio curso a la renuncia que el mandatario había presentado, porque la sesión conjunta para tratarla no alcanzó el cuórum necesario. Por eso Peña permanece formalmente en la Presidencia, y no se activó el mecanismo de sucesión que se pone en marcha tras declarar la vacancia del cargo.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación, que señala un "grave y sistemático mal desempeño de sus funciones". La diputada opositora Rocío Vallejo, convertida en una de las fiscales, afirmó que la caída del banco ha afectado a tres millones de paraguayos, cerca de la mitad de la población del país.
El origen de la crisis está en Ueno bank. El Banco Central del Paraguay ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de la entidad, tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo exigido. La medida provocó reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, y existe expectativa por millonarios fondos públicos, en su mayoría procedentes de pensiones, depositados en la institución.
La acusación también advierte un posible conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias, por las acciones que Peña tuvo en el Ueno Holding, un conglomerado de empresas que incluye al banco. El mandatario vendió esas acciones en marzo de 2025. Vallejo sostuvo que el regulador dio a la entidad un golpe fatal sin una intervención previa, y advirtió que varias instituciones públicas han perdido o perderán sus ahorros.
Según el senador oficialista Derlis Maidana, el juicio tendrá dos etapas: el reconocimiento de los diputados como fiscales y, al día siguiente, la juramentación de los senadores que integrarán el tribunal. Peña anunció que se presentará y ejercerá su derecho a la defensa. Si fuera destituido perdería los fueros de senador vitalicio, que conservaría con la renuncia. Es el segundo gobernante sometido a juicio político en la historia reciente del país, después de Fernando Lugo, quien finalmente fue desalojado del poder.