Panamá necesita mapas de riesgo antes del próximo sismo

El viernes 9 de octubre, a las 12:56 p. m., un sismo de magnitud 7,5 sacudió el país. Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el epicentro estuvo en Veraguas, cerca del límite con Los Santos, y el movimiento se sintió en casi todo el territorio nacional. La subida del mar obligó a evacuar a unas 300 personas de Isla Cañas, varias comunidades quedaron incomunicadas y, al día siguiente, el Gobierno declaró el estado de emergencia.

El temblor no es un hecho aislado en la historia reciente. Un sismo golpeó Bocas del Toro y Chiriquí en 1991, hubo movimientos fuertes en 2001 y 2003, y cada temporada lluviosa trae inundaciones, que encabezan los registros de desastres del país. El artículo plantea que la discusión ya no gira en torno a si habrá otro evento, sino a si las autoridades conocen las zonas más expuestas y si están preparadas para proteger a la población que vive en ellas.

Panamá cuenta con un marco institucional y con insumos técnicos. Forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana y participa en el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana. La Ley 7 de 2005 reorganizó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), y existen políticas nacionales de gestión del riesgo, la última para el período 2022 a 2030. Entre los recursos disponibles figuran la cartografía del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, el Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático presentado por el Ministerio de Ambiente en 2021 y herramientas públicas de consulta sobre riesgos ambientales.

El propio Plan Estratégico Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres 2022 a 2030 reconoce limitaciones para integrar la información sobre amenazas, vulnerabilidad y riesgo. Según el texto, el reto está en que estas herramientas se traduzcan en decisiones locales. Alcaldes, representantes, brigadas de emergencia y comunidades necesitan datos comprensibles, actualizados y accesibles, incluso cuando fallan la electricidad o las comunicaciones.

Los sistemas de información geográfica permiten reunir en una sola plataforma el relieve, los ríos, las fallas geológicas, la ubicación de viviendas, escuelas y centros de salud, y el registro de eventos pasados. Con esa información, los municipios podrían identificar comunidades en riesgo de aislamiento, evaluar posibles albergues y preparar rutas alternativas. El artículo aclara que estos mapas no predicen un terremoto ni determinan con certeza sus daños, pero sí ayudan a organizar la prevención y la respuesta.

Para avanzar, el texto propone tres pasos: una plataforma nacional de información sobre gestión del riesgo, con cartografía general a escala 1:500 000 y estudios más detallados para decisiones municipales y comunitarias; datos públicos que se revisen y actualicen con los hallazgos de cada evento; y una inversión sostenida en ciencia, tecnología y personal capacitado para interpretar lo que registran satélites, drones y sismógrafos. Además, señala que la reconstrucción que comienza en la zona afectada debe considerar estos criterios para no repetir las mismas debilidades.