Contraloría revisa subsidio poselectoral del PRD y deja fuera gasto de campaña de 2024

La Contraloría General de la República revisa el manejo que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) ha dado al subsidio poselectoral, el dinero que el Estado entrega a los partidos, por medio del Tribunal Electoral (TE), para su funcionamiento durante cinco años.

La revisión quedó plasmada en una nota fechada el 8 de septiembre de 2026, firmada por la secretaria general de la entidad, Magali Martínez, y dirigida a Balbina Herrera, secretaria general y representante legal del PRD. El documento pide información sobre el uso de esos fondos como parte de la rendición de cuentas del periodo 2024 a 2029.

El punto de partida es la conciliación bancaria al 30 de junio de 2024 de todas las cuentas donde el partido maneja estos recursos, junto con el listado de cheques en circulación. A partir de allí, la Contraloría solicita los montos y fechas de cada transferencia recibida del TE, fondo por fondo, y los movimientos de dinero entre cuentas.

La entidad también pide las autorizaciones del TE para ejecutar desembolsos, el detalle de cada pago realizado con cheques, cargos bancarios u otros medios, y la lista de bienes comprados con este subsidio desde julio de 2024. Además, exige información sobre los gastos que el TE no reconoció, incluidos los montos devueltos con fondos públicos y privados, el detalle de cada cheque objetado y las asignaciones que fueron reducidas. Todo esto con base en el artículo 43 del Decreto 32 de 21 de junio de 2022, que reglamenta este financiamiento. La Contraloría advierte que toda la documentación debe quedar a su disposición.

El 19 de octubre, más de un mes después de la fecha de la nota, el presidente del PRD, el diputado Benicio Robinson, anunció que presentará un proyecto de ley para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. También pidió a la Contraloría una auditoría de las finanzas del partido.

El exdiputado y exsecretario general del PRD Pedro Miguel González cuestionó el alcance de la revisión. Según él, la fiscalización solo abarca el financiamiento poselectoral y deja fuera el preelectoral, que es el dinero que se gasta en la campaña en apenas tres o cuatro meses. González también señaló la relación del partido con la empresa publicitaria CPSH S.A., de Mario Barletta, a la que en plena campaña de 2024 se le otorgó un contrato de $8 millones para manejar la publicidad de los cargos de elección popular del PRD. Según la fuente, Barletta fue donante de Robinson en las campañas de 2019 y 2024.

La revisión coincide con una disputa interna. Robinson impulsa una reforma al Código Electoral para que la representación legal de los partidos pase a manos de su presidente, un cambio que solo afectaría al PRD. Herrera considera que esa norma es inconstitucional y así lo expresó a la bancada de diputados del partido.

Todo ocurre a pocos meses de las elecciones internas que definirán si Robinson mantiene el control del PRD o si la dirigencia pasa a nuevas figuras.