Panamá enfrenta la reconstrucción tras el terremoto con foco en educación, alimentos y empleo
Una columna de opinión plantea que la recuperación debe proteger a las familias, a los estudiantes y a la economía, con cuentas claras sobre cada recurso invertido.
Un terremoto ha golpeado a Panamá y, según una columna de opinión sobre el tema, el país enfrenta un reto que va más allá de reparar edificios, carreteras y viviendas. El texto señala que hay que recuperar la actividad económica, proteger los empleos, garantizar la alimentación de las familias y evitar que los niños y jóvenes sufran las consecuencias de la interrupción de su educación.
Según el análisis, los daños tienen un costo directo, que incluye la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales, puentes y carreteras, y un costo indirecto, que abarca los ingresos perdidos por comercios, restaurantes, hoteles, productores agropecuarios y pequeñas empresas que tuvieron que suspender operaciones. A esto se suma el gasto extraordinario del Estado, que debe atender la emergencia mientras mantiene sus compromisos presupuestarios habituales.
El artículo advierte que la cifra final del impacto dependerá de una evaluación técnica de los daños. También pide no confundir tres conceptos: los recursos autorizados para atender la emergencia, el valor de los daños materiales y el costo total de recuperar la economía.
En lo educativo, el texto propone revisar la seguridad de cada centro antes de que alumnos y docentes regresen, habilitar espacios temporales como salones comunitarios o aulas modulares y organizar turnos alternos o jornadas flexibles. Donde no haya internet o electricidad, sugiere distribuir guías impresas. También plantea reponer útiles, uniformes y dispositivos perdidos, y ofrecer apoyo socioemocional a estudiantes y docentes. En alimentación, propone un registro coordinado de las familias afectadas, centros de acopio, un inventario público de suministros y compras a productores locales.
La columna cierra con cinco propuestas: una evaluación técnica y pública de los daños, la continuidad educativa y alimentaria, la recuperación de empleos y pequeñas empresas, un financiamiento responsable que combine recursos presupuestarios, seguros, cooperación internacional y crédito multilateral, y una coordinación nacional con transparencia en contratos, costos y avances.
