Libertad de expresión en debate por la reforma de pensiones en Panamá

La libertad de expresión vuelve a ocupar el centro del debate público en Panamá, esta vez en relación con la reforma del sistema de pensiones. Según un texto de opinión que analiza el tema, el derecho se pone a prueba cuando alcanza a columnistas, dirigentes sindicales, denunciantes en hospitales y médicos que cuestionan la reforma.

El Gobierno sostiene que en el país existe libertad de expresión plena y que nadie tiene el monopolio de la verdad. El artículo reconoce ese punto, pero sostiene que estas garantías cobran sentido cuando protegen a quien disiente del poder. Para el autor, la reforma de pensiones es una decisión pública que compromete durante décadas el patrimonio y la vejez de millones de panameños, por lo que no debería quedar reservada a un solo sector.

Uno de los datos centrales del análisis es una carta suscrita en julio de 2025 por más de 800 personas de 17 países. Sus firmantes denunciaron una deriva autoritaria y la criminalización de la disidencia en Panamá. El texto indica que el Gobierno tiene derecho a rechazar esa interpretación, aunque considera que un gobierno democrático debería atender las señales que alimentan esa percepción.

El punto más sensible es la destitución de médicos opositores. La columna distingue entre una separación fundada en una infracción administrativa, que considera legítima, y una motivada por opiniones emitidas en TikTok o en medios escritos, dentro de los límites de la ley. También advierte sobre el riesgo de que las redes sociales funcionen como tribunales informales, al señalar o desacreditar a una persona antes de que pueda defenderse. Según el texto, perseguir una opinión puede terminar dándole más visibilidad y credibilidad entre quienes ya desconfían de las autoridades.

El análisis añade una preocupación sobre la concentración de poder público, económico y comunicacional, y sobre la influencia de los intereses comerciales en el mercado de medios. La Constitución panameña, recuerda el texto, permite emitir el pensamiento sin censura previa, aunque con las responsabilidades que establezca la ley. Esa garantía, concluye, existe para que la discrepancia no sea confundida con deslealtad.