Ley 407 y auditoría reabren el debate sobre la mina en Donoso
Una columna de opinión cuestiona quién debe decidir el futuro de la explotación de cobre, mientras un informe oficial documenta daños ambientales.
El debate sobre la posible reapertura de la mina de cobre en Donoso volvió a tomar fuerza en el país. Un texto de opinión publicado recientemente recordó que la Ley 407, del 3 de noviembre de 2023, prohíbe otorgar, renovar o prorrogar concesiones metálicas en Panamá.
El mismo análisis se apoya en el tomo 9 del informe de auditoría que la comisión de ministros entregó al presidente. Según el documento, la operación de la mina causó un impacto ambiental importante por un manejo geotécnico e hidrológico deficiente de las áreas expuestas durante la explotación. Sin embargo, el informe asigna a ese daño un valor monetario equivalente al 15% de los beneficios que recibió el país. El autor de la columna pregunta cómo se midió ese valor, en particular la pérdida de especies y de vidas humanas por contaminación.
Por otro lado, el autor destaca que los tres ministros y el propio presidente coincidieron en tres puntos: respetar el fallo de la Corte, realizar un cierre ordenado de la mina y dar atención prioritaria al medio ambiente. Ese punto, según el texto, fue lo que más le llamó la atención de forma positiva.
El punto más controversial es quién debe tomar la decisión final. El columnista sostiene que el gobierno anunció que resolverá por sí solo sobre la reapertura o no de la mina, en lugar de convocar una consulta pública. Según su criterio, esa vía concentra el poder, puede aumentar las desigualdades y generar resistencia social y económica. También afirma que la presión por empleo y la expectativa de inversión hacen más necesario un análisis prudente y objetivo de las alertas ya conocidas.
El texto no indica una fecha para la decisión final del gobierno sobre la mina. Tampoco precisa si habrá una consulta pública. Por ahora, el tema queda entre el cierre ordenado que plantea el Ejecutivo, la prohibición legal vigente y el reclamo de un mecanismo de participación ciudadana.