Fiscalía de Paraguay pide prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña

La Fiscalía de Paraguay solicitó la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña, quien fue destituido un día antes mediante juicio político. El Ministerio Público lo imputó como autor de los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, dentro de la investigación por el colapso de Ueno Bank. La solicitud se presentó el sábado 7 de noviembre.

Además del encarcelamiento preventivo, la fiscalía pidió identificar e inmovilizar sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, y localizar sus propiedades y otros derechos patrimoniales. También dispuso la prohibición general de vender o gravar sus bienes, una medida pensada para limitar cualquier operación sobre su patrimonio mientras avanzan las pesquisas.

El núcleo de la causa es determinar si Peña usó su posición como presidente para influir en decisiones que permitieron colocar y mantener grandes sumas de dinero público en Ueno Bank, entidad con la que habría tenido vínculos empresariales. Según la acusación, durante su gestión crecieron de forma considerable los depósitos de instituciones estatales y de fondos de jubilaciones y pensiones. Entre las entidades mencionadas están el Instituto de Previsión Social, Itaipú Binacional, Yacyretá, la ANDE y distintas cajas de jubilaciones. Las cifras preliminares citadas en el documento de imputación indican que, al cierre de septiembre, los recursos públicos y previsionales en el banco habrían llegado a unos 3.6 billones de guaraníes y 233.4 millones de dólares.

Otro punto bajo revisión es la relación de Peña con Ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada al banco. De acuerdo con el expediente, habría mantenido una participación accionaria y vínculos corporativos con el grupo durante casi los dos primeros años de su mandato. Los fiscales quieren saber si esa situación pudo generar un conflicto de intereses en decisiones sobre depósitos de recursos del Estado. La investigación también analiza tres intervenciones públicas en las que habría respaldado la situación financiera del banco, pese a que existían informes técnicos que advertían irregularidades crediticias y riesgos para su estabilidad. Asimismo, se examinan préstamos concedidos a sociedades de su propio grupo empresarial.

En la causa también están imputados ocho directivos bancarios, por delitos que incluyen lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa e incumplimiento de la obligación de llevar libros de comercio.

El caso se enmarca en una de las mayores crisis políticas y financieras recientes del país. El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay dispuso iniciar el procedimiento de resolución y disolución de Ueno Bank, tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal. Millones de clientes, entre ellos trabajadores, pensionados y jubilados, perdieron acceso normal a sus cuentas, y hubo protestas de ciudadanos que reclamaban sus ahorros. Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre, pero el Congreso siguió con el juicio político y el viernes 6 el Senado lo destituyó por decisión unánime. Ese mismo día 5, legisladores de oposición presentaron denuncias que sirven de antecedente a las actuaciones fiscales.

La solicitud de prisión preventiva deberá ser evaluada por la autoridad judicial competente. La imputación no constituye una condena, y Peña conserva su derecho a la presunción de inocencia y a ejercer su defensa.