Financiamiento verde para la naturaleza llegará con exigencias de resultados

Casi 200 países se reúnen desde el 19 de octubre en Ereván, Armenia, para la COP17 de la Convención sobre Diversidad Biológica. La cita ofrece la primera revisión mundial de los compromisos adoptados en 2022, cuyo objetivo es detener la pérdida de naturaleza para 2030. Aunque se realiza lejos de Panamá, sus decisiones también afectan al país.

Tres días antes de la inauguración, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó tres iniciativas que llevará a la conferencia. La primera es un estudio con la CEPAL, aún no publicado, que estima la brecha de financiamiento para la biodiversidad en América Latina y el Caribe. La segunda es una guía para que los gobiernos desarrollen mercados de créditos de naturaleza de alta integridad, también pendiente de publicación. La tercera es un curso en línea con herramientas, elaborado junto a la Alianza de Capital Natural de la Universidad de Stanford y con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, para incorporar el valor de la naturaleza en las políticas y en las inversiones.

El BID señala que más de la mitad del producto interno bruto de la región depende de los servicios de los ecosistemas, y que cerca del 19% de los empleos corresponde a sectores vinculados con la naturaleza. En Panamá, el Canal depende del agua dulce de su cuenca. La sequía de 2023 y 2024 mostró lo rápido que las condiciones ambientales pueden afectar el comercio marítimo, los ingresos públicos y la economía en general.

La brecha financiera es considerable. En 2022, la comunidad internacional se comprometió a movilizar al menos 200,000 millones de dólares anuales para la biodiversidad antes de 2030. Estimaciones recientes de la OCDE ubican el financiamiento actual entre 75,000 millones y 92,000 millones de dólares al año. La revisión mundial publicada por la Convención en septiembre advierte que los avances siguen muy por debajo de lo necesario, y aún no está claro si esos recursos serán accesibles.

El planteamiento sostiene que los socios financieros más exigentes, desde equipos de sostenibilidad corporativa hasta bancos de desarrollo, harán cuatro preguntas a las organizaciones ambientales: qué miden y quién lo verifica, quién decide, quién participa y se beneficia, y qué ocurre cuando termina el proyecto. Para responderlas, se necesitan líneas base, datos recopilados con métodos consistentes, verificación independiente, una junta directiva capaz de sostener el trabajo, participación real de comunidades indígenas y locales, y un plan de sostenibilidad financiera.

En ese mismo análisis se describe un problema frecuente en el sector: una sola persona suele concentrar la dirección técnica, la recaudación de fondos, la contabilidad y la vocería, mientras los datos están dispersos y la junta se reúne dos veces al año. Las empresas panameñas también enfrentan presión de inversionistas y bancos para presentar información ambiental verificable, y necesitan aliados capaces de generarla.

El texto concluye que una alianza eficaz financia también el fortalecimiento institucional, con sistemas de medición, gobernanza y equipos de trabajo, y no solo las actividades de campo.