Ernesto Cedeño demanda ante la Corte el presupuesto 2027 y pide anular siete artículos

El diputado Ernesto Cedeño presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la Ley 563, que aprueba el presupuesto general del Estado para 2027. La presentó cuatro días después de que la norma se publicara en la Gaceta Oficial 30647. Cedeño, quien es abogado, pide al pleno que declare inconstitucionales siete artículos y sostiene que estos vulneran los artículos 2, 19, 214 y 266 de la Constitución.

Cuatro de los artículos cuestionados fijan los presupuestos de la justicia. El 29 aprueba el del Órgano Judicial, el 30 el del Ministerio Público, el 31 el de la Procuraduría General de la Nación y el 32 el de la Procuraduría de la Administración. La demanda también ataca los artículos 7 y 8, que aprueban los gastos corrientes y de capital del Gobierno Central, pero solo en lo que toca a las partidas del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

Según el documento, el presupuesto redujo lo que pidieron esas instituciones. El Órgano Judicial solicitó 398.6 millones de dólares y recibió 352.3 millones, es decir, unos 46 millones menos. La Procuraduría General de la Nación calculó 242 millones y obtuvo 204.9 millones, cifra que no incluye al Instituto de Medicina Legal. A la Procuraduría de la Administración le asignaron 200 mil dólares menos de lo que requería.

Cedeño afirma que este recorte viola el artículo 214, que encarga a la Corte y al procurador general formular sus propios presupuestos y obliga al Ejecutivo a incluirlos en el proyecto de ley. También considera que la reducción contradice el artículo 2, que establece la separación de poderes.

El séptimo artículo impugnado es el 370, relacionado con contrataciones públicas. Esa disposición permite que el Metro de Panamá, el Idaan, Etesa, la Autoridad de Aseo, el Aeropuerto de Tocumen y los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno contraten servicios técnicos, repuestos y equipos sin aplicar la Ley de Contrataciones Públicas. La excepción rige en casos fortuitos, urgentes o de interés público, y para compras de menos de un millón de dólares.

En ese punto, el diputado sostiene que el artículo 370 choca con el artículo 266, que establece la licitación pública como regla para las compras con fondos del Estado. Reconoce que la Constitución admite excepciones, pero considera que estas deben figurar en la ley de contrataciones públicas y no en un presupuesto anual. Además, cuestiona la frase "asuntos de interés general de derechos poblacionales", que la ley emplea para incluir a los tres ministerios, y sostiene que esa redacción viola el artículo 19, que prohíbe los privilegios.

La ley fue sancionada por el presidente José Raúl Mulino el pasado 2 de noviembre. El presupuesto suma 35,111 millones de dólares. La información disponible no indica cuándo la Corte resolverá la demanda.