Informe sobre la mina plantea cinco condiciones para recuperar la confianza
El documento interministerial entregado al presidente evalúa los caminos posibles para el proyecto minero, con un arbitraje de 27,000 millones de dólares como principal riesgo.
Un informe interministerial fue presentado al presidente para definir qué hacer con la mina. Según el análisis publicado sobre el documento, cualquiera de las salidas dejará insatisfechos a algunos sectores, por lo que la discusión será difícil.
El primer escenario es poner fin definitivo al proyecto sin que siga operando. En ese caso, el contribuyente asumiría el costo de desmantelamiento y rehabilitación del sitio, que el informe estima en unos 3,400 millones de dólares. Además, el país quedaría expuesto a un arbitraje por 27,000 millones de dólares. El análisis señala que el Estado podría ganar ese proceso, pero una derrota dejaría una deuda muy pesada para los contribuyentes.
Una alternativa intermedia sería permitir que la operación financie la rehabilitación. El operador asumiría ese gasto, aunque si la concesionaria no es FQM, seguiría vigente el riesgo del arbitraje. El texto considera poco realista que un tercero quiera explotar la mina solo para pagar su cierre.
Mantener el contrato anterior tampoco aparece como opción viable, ni desde el punto de vista jurídico ni social. Hacerlo implicaría desconocer el fallo de la Corte Suprema y podría reactivar las tensiones registradas en 2023.
El informe también recoge las principales objeciones de quienes rechazan la operación. Entre ellas están la debilidad institucional para fiscalizar los estándares ambientales, la poca transparencia en el manejo y recaudación de fondos, y la escasa credibilidad en la forma en que se pactaron los contratos. El cese de las operaciones ya dejó un perjuicio visible en el mercado laboral y en las mipymes de las zonas cercanas al proyecto.
Para recuperar la confianza, el documento plantea cinco requisitos. Un nuevo modelo debería generar beneficios sustancialmente superiores a los anteriores. Los recursos tendrían que traducirse en beneficios tangibles e identificables y administrarse con plena transparencia. También se propone crear un mecanismo que destine fondos a un plan ambiental, someter el proyecto a estándares internacionales de transparencia y verificación, y establecer un esquema institucional con autonomía real que no cambie con cada ciclo político.
El análisis concluye que la mina es un activo estratégico que el país no puede perder, ya sea por abandono o por cederla sin contraprestaciones. La decisión del presidente será el siguiente paso en un debate que, según el mismo texto, seguirá cargado de emociones.
