Comisión recomienda a Mulino un cierre ordenado de la mina Cobre Panamá

La Comisión Interministerial que analizó el futuro de la mina de Donoso entregó este miércoles, 30 de septiembre, al presidente José Raúl Mulino sus recomendaciones. El grupo está integrado por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y de Ambiente, Juan Carlos Navarro. Su trabajo se basó en la auditoría de la mina que se realizó entre enero y junio de este año, cuyo informe final fue entregado el 19 de junio.

La principal recomendación es evaluar una nueva relación con Minera Panamá y su casa matriz, First Quantum Minerals, que permita resolver los arbitrajes pendientes y fijar las condiciones para un cierre ordenado del yacimiento. La propuesta habla de un proceso sin posibilidad de prórroga y sin costo para la Nación. Un cierre ordenado, según el documento, no significa mantener la mina paralizada. Se trataría de un proceso planificado, con una fecha final, que incluya la rehabilitación ambiental, el manejo de relaves, lixiviados y aguas de contacto, la estabilidad de las estructuras y la vigilancia del sitio durante los años que haga falta.

Mulino fue claro en que el documento no constituye una decisión sobre la operación de la mina. Señaló que el estudio no propone una fecha de operación, porque esa no era la petición. Según explicó, las condiciones planteadas buscan un cierre financiado por el propio proyecto y verificable paso a paso, aunque el proceso pueda tomar décadas.

Chapman calificó como innegociable que el Estado no destine ni un centavo del Tesoro Nacional a la solución. Recordó que las labores de cuido, preservación y mantenimiento de la mina se han pagado con recursos generados en el propio sitio, provenientes del procesamiento de concentrado de cobre ya producido y del mineral extraído en 2023. También advirtió que destinar miles de millones de dólares al cierre pondría en riesgo programas como las pensiones, el subsidio al gas, el interés preferencial para vivienda y el transporte público.

Navarro sostuvo que la suspensión de operaciones hace tres años no equivale a un cierre. Afirmó que la mina se detuvo de un día para otro, sin un plan que definiera rehabilitación, financiamiento, obligaciones y plazos. Entre sus propuestas están un fondo específico para financiar el cierre, la evaluación científica y técnica de la condición de cierre, y la creación de un fideicomiso ambiental. También planteó que una parte de los ingresos anuales de unos 100 millones de dólares se destine a proteger la biodiversidad y a pagos por servicios ambientales a productores y ganaderos. Además, indicó que cuatro compromisos de reforestación presentaron incumplimientos.

Moltó insistió en que el estudio considera el impacto sobre miles de familias que trabajaban con la mina y con actividades conexas. En la presentación participaron gremios empresariales, representantes de las gobernaciones de Coclé y Colón y de varios municipios cercanos. La actividad minera está suspendida desde noviembre de 2023, tras una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá.