Informe sobre Cobre Panamá despierta dudas ambientales y financieras por el cierre autofinanciado
La propuesta de negociar un acuerdo para cerrar la mina en forma ordenada genera cuestionamientos del sector ambiental y de analistas financieros. Ninguno de los dos frentes ve claras las condiciones ni los plazos.
El informe de la Comisión Interministerial sobre el futuro de Cobre Panamá, presentado el 30 de septiembre, provocó reacciones desde distintos sectores. La comisión, integrada por los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias, Juan Carlos Navarro, de Ambiente, y Felipe Chapman, de Economía y Finanzas, recomendó al Ejecutivo abrir negociaciones formales con la mina y con First Quantum Minerals. El objetivo sería evaluar un nuevo acuerdo que resuelva los arbitrajes internacionales pendientes y fije las condiciones para una eventual puesta en marcha del proyecto, bajo un esquema de cierre ordenado y autofinanciado. El documento de 35 páginas no define cuánto tiempo funcionaría la operación.
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) cuestiona esa propuesta. Su abogado, Carlos Bichet, sostuvo que llamarla cierre autofinanciable es un eufemismo para hablar de una posible reactivación de la mina. Recordó que el proyecto ya tiene un plan de cierre dentro del Estudio de Impacto Ambiental categoría III, aprobado en 2011, y que el informe tampoco explica en qué condiciones concretas se reanudaría la actividad.
La minería permanece suspendida desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406, que aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá. El alto tribunal señaló que el Estado negoció un nuevo contrato con problemas similares a los de otro declarado inconstitucional en 2017. También indicó que la Asamblea Nacional se excedió al modificar el contrato durante su trámite, cuando solo podía aprobarlo o rechazarlo.
Bichet advirtió que el informe no aborda con suficiente profundidad los derechos humanos incluidos en el fallo de 2023, como el derecho a un ambiente sano, la protección de la vida y la salud y la justicia entre generaciones. Señaló, además, la falta de una licitación pública y las deficiencias del estudio de impacto ambiental. Según el CIAM, que una operación genere recursos para financiar el cierre no elimina los posibles costos ambientales y sociales de la minería. Pidió que se garantice el Estado de Derecho antes de considerar cualquier reactivación.
En el plano financiero, las firmas Barclays y Deloitte coinciden en que la falta de definición tiene un costo. Barclays considera que el esquema deja sin responder preguntas clave, como cuánto tiempo operaría la mina y bajo qué modelo. Deloitte advierte que la indecisión ya no es neutral para el crédito soberano y sostiene que una definición creíble antes de que termine 2026 sería importante para la percepción de los inversionistas sobre el país.
Por su parte, First Quantum, matriz de Cobre Panamá, manifestó en un comunicado que está dispuesta a participar en un proceso liderado por el Gobierno, respetando la soberanía nacional y las instituciones democráticas del país.
