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Comisión propone reactivar la mina de Donoso para pagar su cierre

El plan de los ministros Navarro, Moltó y Chapman plantea extender la explotación por más de tres décadas, pese al fallo de la Corte que declaró inconstitucional la Ley 406.

Opinión BULLA, 8:15 p.m. · 2 min de lectura
Comisión propone reactivar la mina de Donoso para pagar su cierre

La comisión interministerial presentó el pasado 30 de septiembre una propuesta sobre el futuro de la mina de cobre de Donoso. Los ministros Navarro, Moltó y Chapman plantean evaluar la reactivación de la operación minera para que sea la propia mina la que genere los recursos que financien su cierre ordenado. Según la propuesta, ese cierre no tendría costo para el Estado ni posibilidad de prórroga.

Sin embargo, el tiempo estimado para completar ese cierre podría superar las tres décadas, un plazo que coincide con la vida restante del yacimiento. En la práctica, el plan implicaría seguir extrayendo cobre durante ese período, algo que no se refleja en el nombre con que se presentó la iniciativa.

El tema tiene antecedentes judiciales. El 27 de noviembre de 2023, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad inconstitucional la Ley 406. El fallo identificó vulneraciones relacionadas con las reglas de contratación pública, las competencias de los órganos del Estado, el manejo de los recursos naturales y los derechos vinculados con la vida, la salud y el ambiente durante el periodo de explotación.

Frente a esa decisión, la propuesta de la comisión no explica cómo reactivar la explotación sin entrar en contradicción con lo resuelto por la Corte. Tampoco aborda de manera directa el obstáculo legal que representa el fallo. El presidente Mulino ha afirmado en varias ocasiones que la decisión se acatará íntegramente.

La iniciativa también enfrenta el rechazo de amplios sectores. Encuestas de opinión citadas en el debate señalan que cerca de un 70% de los panameños se opone a la explotación minera.

Durante la presentación, el ministro Chapman sostuvo que el presupuesto general del Estado no debería destinar recursos para resolver el tema de la mina, porque la operación generaría lo necesario para pagar su propio cierre. Ese argumento deberá confrontarse con las exigencias legales y judiciales que rodean el caso.

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