Creador de contenido denuncia oferta de agencia para promover la mina de Donoso
Cristian Ábrego afirma que le propusieron hablar a favor de la reapertura, mientras una columna cuestiona la falta de transparencia en la comunicación estatal.
El creador de contenido Cristian Ábrego hizo público un ofrecimiento de una agencia de publicidad para que hablara a favor de la reapertura de la mina de Donoso. Ábrego calificó la propuesta como un descaro y dijo que le pareció deshonesto tratar de convencer al público de una postura cuando, en realidad, lo que se le presentaba era un pago.
El caso se suma a la investigación periodística Taladores Digitales, que documenta cómo se promueven intereses particulares en asuntos de interés público sin revelar quién financia los mensajes ni qué agendas los respaldan. El texto no identifica a la agencia ni detalla el monto de la oferta.
Una columna de opinión publicada en el mismo contexto sostiene que la comunicación del Estado se ha privatizado. Según el autor, se han difuminado los límites entre la información institucional, la propaganda del gobierno y la promoción de intereses privados. Para el columnista, la comunicación pública es un bien que se paga con fondos de todos y debe servir para informar sobre salud, transporte, educación, agua, seguridad y atención de desastres.
El autor cita una cifra de 37.5 millones de dólares destinados a publicidad estatal, y advierte que esa cantidad es solo la que se reconoce oficialmente. Plantea preguntas sin respuesta pública: cuánto cuesta en total esa maquinaria de comunicación y qué intereses busca defender.
La columna también señala que algunos consultores e influencers se moverían entre la defensa de la mina y la defensa del gobierno del presidente Mulino. Según el texto, el mandatario habría dejado de lado las conferencias de prensa, que eran el espacio principal para hacerle preguntas, y las habría sustituido por cortes de cinta y monólogos. El autor también critica el anuncio sobre Donoso, al que describe como un cierre ordenado que, a su juicio, prolongaría la actividad minera por al menos tres décadas más.
El columnista concluye que, mientras la comunicación oficial no se trate como un servicio público con información verificable, el problema de fondo seguirá siendo la distancia entre lo que dice el gobierno y lo que hace.
