Comité de alto nivel entregará a Mulino informe sobre el futuro de Cobre Panamá

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, anunció que el próximo 30 de septiembre el Comité Interministerial de alto nivel entregará al presidente José Raúl Mulino su informe con recomendaciones sobre el proyecto minero Cobre Panamá. El documento surge del análisis de la auditoría integral de la mina. Según Moltó, la decisión final sobre el futuro de la operación corresponderá al mandatario, quien deberá estudiar el contenido antes de girar instrucciones. Moltó no adelantó los escenarios ni las recomendaciones que contiene el informe.

El comité está integrado por Moltó, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. Los tres analizaron los resultados de la auditoría, realizada por SGS entre enero y junio de este año, cuyo informe final se entregó el 19 de junio. Según la fuente, el trabajo duró ocho meses e incluyó levantamiento de información e inspecciones, y evaluó aspectos legales, laborales, tributarios, ambientales, técnicos y los riesgos asociados a posibles pasivos ambientales futuros.

La actividad minera está suspendida desde noviembre de 2023, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals. Pese a ello, en mayo de 2025 se aprobó el Plan de Gestión Segura, que contempla labores de mantenimiento. Desde entonces se han autorizado exportaciones de concentrado de cobre almacenado en el proyecto y del material rocoso expuesto que fue procesado este año.

La auditoría otorgó a la mina un nivel de cumplimiento global de 87.73 puntos sobre 100, pero también identificó incumplimientos y riesgos. De los 370 compromisos ambientales revisados, nueve resultaron no conformes, con hallazgos sobre la huella intervenida, la reforestación, la conservación de la biodiversidad y la gestión hídrica. El componente técnico-operacional obtuvo 90.20 puntos, mientras que riesgos y pasivos ambientales tuvo la calificación más baja, con 81.70. El informe advierte además sobre la exposición del material mineralizado a las lluvias, la posible generación de drenaje ácido y la contaminación de escorrentías si los sistemas de control no bastan.

Organismos ambientales cuestionaron el resultado. En julio, la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la UICN pidió que el informe no fuera aceptado en su estado actual, luego de una revisión independiente que halló 155 de los 371 compromisos evaluados, más del 40%, sin evidencia suficiente en los anexos publicados. Los especialistas señalaron también que más del 90% de la información provino de reportes de Minera Panamá. El biólogo Isaías Ramos sostuvo que la auditoría verificó la entrega de documentos, sin demostrar que las medidas fueran efectivas.

En el otro extremo, un estudio económico del Consejo Nacional de la Empresa Privada estima que el cierre de la mina afectó 30,277 empleos y dejó una pérdida acumulada de $4,851.1 millones en producto interno bruto real entre 2024 y 2025. Según el resumen del documento, las compras locales que dejaron de realizarse suman $2,004.7 millones, y las pérdidas en impuestos y regalías, $1,360.9 millones. Por su parte, la Cámara Minera de Panamá pidió una definición oportuna del gobierno y recomendó avanzar hacia la reanudación ordenada de las operaciones, siempre dentro del marco constitucional y legal. Lilian Guevara, del Centro de Incidencia Ambiental, sostuvo que el proceso de cierre no implica seguir extrayendo y que cualquier reapertura enfrentaría los fallos de la Corte, la Ley de Moratoria Minera y el Acuerdo de Escazú.