Cámaras empresariales piden claridad sobre el cierre de la mina y su operación

El Ejecutivo presentó una serie de recomendaciones para definir el futuro del proyecto minero. Entre ellas figuran avanzar hacia un cierre autofinanciado, abrir conversaciones formales con la empresa y evitar que el proceso represente un costo para las finanzas públicas. Tras conocerse estos planteamientos, dirigentes del sector empresarial reaccionaron sobre las condiciones que debería reunir cualquier decisión.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, sostuvo que las recomendaciones abren una nueva etapa, aunque todavía quedan aspectos por precisar. Según explicó, el cierre no puede limitarse a detener por completo la actividad, porque existen impactos ambientales que deben gestionarse durante el proceso. Por eso, dijo, será necesario definir qué nivel de operación permitiría ejecutar las medidas de mitigación.

Barría also destacó que uno de los puntos centrales es evitar que el proceso sea una carga para el erario. Afirmó que lo que se haga no debe incidir en las finanzas del Estado, un aspecto que considera fundamental al referirse al planteamiento de un cierre autofinanciado y a la posibilidad de conversaciones formales con la empresa minera.

Por su parte, Severo Sousa, presidente de la Cámara Minera de Panamá, indicó que un cierre progresivo requeriría cierto grado de actividad en el proyecto para financiar las labores necesarias. En sus palabras, la única forma de autofinanciar el cierre es que la mina produzca. Añadió que la decisión del Gobierno debe ir más allá del componente económico y contar con garantías jurídicas y ambientales suficientes.

Sousa advirtió además que el material que se procesa actualmente tiene una duración limitada, por lo que cualquier esquema deberá prever cómo se financiarán las labores posteriores. Según dijo, ese material se agotaría en unos meses. También subrayó que la decisión del Ejecutivo tendrá efectos de largo plazo, que se extenderán por varias décadas más allá de la actual administración.

Con estas posiciones, el debate se concentra en definir el tiempo y las condiciones bajo las que podría operar la mina antes de su cierre, un punto que la fuente señala como pendiente de resolver.