Cámara de Comercio pide cautela y transparencia en negociación por la mina de Donoso

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) calificó de "balanceada" la recomendación que la Comisión Interministerial presentó al presidente de la República sobre el futuro del sitio minero de Donoso. El informe final se entregó el 30 de septiembre, tras casi tres años de incertidumbre sobre el destino del proyecto. Para la gremial, el documento aporta elementos técnicos, económicos, ambientales y jurídicos que deben analizarse antes de tomar una decisión definitiva.

La propuesta no plantea regresar al modelo anterior de operación minera, pero tampoco ignora lo que implicaría mantener el sitio indefinidamente en su estado actual. El planteamiento sugiere evaluar un acuerdo para cerrar los arbitrajes pendientes y encaminar un cierre ordenado y autofinanciado, sin extender plazos y respetando la decisión judicial que ya existe sobre el caso.

Entre las cifras centrales, el informe estima que un escenario de cierre sin acuerdo costaría entre B/.2,600 millones y B/.3,400 millones, durante un período de 17 a 19 años. A esto se suman reclamaciones arbitrales que alcanzan al menos US$27,000 millones. La Cámara recalcó que esas demandas no han sido reconocidas ni adjudicadas contra Panamá. Según la gremial, estos números permiten dimensionar las consecuencias de cada alternativa, y advirtió que trasladar el costo del cierre al Estado podría comprometer recursos destinados a educación, salud e infraestructura.

La CCIAP considera que el planteamiento podría reducir riesgos económicos y jurídicos, al evitar que el costo recaiga directamente sobre las finanzas públicas, atender los procesos arbitrales y establecer una transición ordenada. No obstante, condiciona cualquier acuerdo a una base jurídica sólida, una fecha definitiva de cierre, recursos suficientes para cumplir las obligaciones ambientales y una fiscalización rigurosa e independiente. Por eso, la organización ve razonable avanzar hacia la evaluación y una eventual negociación antes de que el país decida.

Quedan por aclarar puntos clave: la figura jurídica que se utilizaría y su compatibilidad con el fallo de la Corte Suprema y con la Ley 407. También deben definirse el régimen fiscal, la participación del Estado, el alcance de cualquier operación, las garantías, la fecha de cierre y los mecanismos para concluir los arbitrajes. La gremial pidió además garantizar oportunidades para las comunidades afectadas, los trabajadores y las empresas panameñas vinculadas al área, así como fortalecer a los municipios involucrados.

Para la CCIAP, la transparencia debe ser un eje presente en toda la negociación, desde el mandato para negociar hasta la publicación de sus términos, pasando por los mecanismos de fiscalización y el cumplimiento de cada etapa. La organización insistió en que el debate debe apoyarse en información y criterios técnicos, y no solo en posiciones contrapuestas. Concluyó que cualquier decisión deberá ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable y económicamente sostenible.