Chapman exige que el cierre de la mina de Donoso no cueste nada al Estado

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sostuvo que el cierre de la mina de cobre de Donoso no debe representar ningún costo para el Estado panameño. Según planteó, la operación minera debe asumir por completo los gastos del proceso, y advirtió que sin esa condición no puede haber acuerdo.

Las declaraciones se dieron durante la presentación del Informe Final y Recomendaciones sobre la mina de cobre de Donoso, elaborado por la Comisión Interministerial. Chapman calificó como innegociable que el Tesoro Nacional no destine ni un centavo para financiar el cierre, y pidió que esa condición quede establecida como objetivo claro para cualquier decisión sobre el futuro de la mina.

El titular del MEF advirtió que un cierre financiado directamente por el Estado representaría una carga financiera extraordinaria y comprometería, durante años, recursos que deberían destinarse a necesidades prioritarias de la población. Recordó que el presupuesto nacional tiene recursos limitados y enumeró programas que dependen de fondos públicos, entre ellos el pago de pensiones, el programa 120 a los 65, el subsidio al gas de cocina, el interés preferencial para la compra de vivienda y los subsidios a la electricidad y al transporte público.

Chapman también vinculó el proceso con las perspectivas económicas del país. Señaló que Panamá mantiene crecimiento, pero necesita más impulso para reducir el desempleo y la informalidad. En ese marco, consideró que un cierre ordenado y autofinanciado, que deje recursos al país, iría en esa dirección. La propuesta coincide con la recomendación del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien planteó un cierre ordenado financiado por el propio sitio y bajo mecanismos de verificación.

Otro punto del discurso fue la exposición financiera por posibles arbitrajes internacionales contra la República de Panamá. El ministro afirmó que existen reclamaciones por más de $27 mil millones, monto que, según sus cálculos, equivale a cerca del 30% del producto interno bruto y a aproximadamente el 80% del presupuesto anual del Estado. Lo describió como una magnitud que podría convertir un problema de ingresos en un problema de solvencia.

Por último, Chapman defendió la necesidad de crear mecanismos de administración y gobernanza que permitan supervisar los recursos que provengan del sitio minero. En sus palabras, el planteamiento busca que cualquier ciudadano pueda vigilar el manejo de esos fondos.