Comisión propone cierre autofinanciado de Donoso, sin costo para el Estado

La Comisión Interministerial encargada de analizar el futuro del proyecto minero de Donoso presentó sus recomendaciones tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato con Minera Panamá. El documento propone un cierre ordenado, programado y autofinanciado, un proceso que, según se explicó, podría tomar décadas. Por la naturaleza de ese plan, la mina tendría que seguir operativa para generar los recursos que lo financien, aunque los ministros no hablaron de reactivar la extracción ni de retomar la producción.

La presentación estuvo a cargo de los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias, Juan Carlos Navarro, de Ambiente, y Felipe Chapman, de Economía y Finanzas. Los funcionarios aclararon que el informe no es una decisión sobre el futuro de la mina. Según el presidente José Raúl Mulino, se trata de un estudio y una recomendación, y será él quien anuncie cualquier determinación después de analizarlo con su gabinete y sus abogados.

Mulino sostuvo que el fallo cerró un contrato, pero no resolvió qué hacer con el sitio, que cuenta con una instalación de manejo de relaves, tajos abiertos, una planta eléctrica y un puerto, y que requiere gestión diaria, tenga o no un marco jurídico. Moltó, por su parte, señaló que una operación de esta escala no se cierra en un año ni en cinco.

Chapman fue enfático en que el cierre no debe recaer sobre los fondos públicos y que el costo debe asumirlo íntegramente la operación minera. Según sus cifras, el país deja de producir $3.8 millones diarios, el fisco deja de percibir $1.3 millones y la CSS $390 mil por día. Navarro, desde lo ambiental, advirtió que suspender operaciones de un día para otro no equivale a cerrar una mina, pues el sitio necesita manejo de relaves, tratamiento de lixiviados, control de aguas de contacto y monitoreo permanente.

El informe fija seis criterios que, según el Ejecutivo, no son negociables: acatamiento del fallo, rectoría del Estado sobre el recurso, cero costo fiscal, transparencia verificable, prioridad para comunidades y trabajadores afectados, y supervisión independiente. También recomienda autorizar negociaciones formales con Cobre Panamá y First Quantum, y propone un fondo específico y un fideicomiso ambiental para financiar el plan, además de una fecha final de cierre definida por una evaluación técnica.

La presentación no admitió preguntas de los medios, por lo que no quedó aclarado cómo se generarían los recursos para financiar un cierre de 20, 30 años o más, ni cuál sería la figura legal que lo sostendría. Por ahora, la decisión final queda en manos del presidente.